Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de universidades estatales y de normales rurales se pronunciaron contra el dictamen de la Ley General de Educación Superior aprobado en comisiones del Senado.

Ayer, en una protesta a las puertas de la Cámara en Reforma, integrantes de distintos colectivos universitarios que buscan crear una organización estudiantil de alcance nacional aseguraron que el dictamen no contempló la participación real de las comunidades escolares y sostuvieron que en un contexto de pandemia, por el cual, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 305 mil 89 estudiantes universitarios han abandonado sus estudios, se requiere de una ley que garantice presupuestos suficientes a la educación superior.

El Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos, la Federación de Estudiantes de Nayarit, la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM, acompañados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, señalaron que el contenido de la iniciativa de ley es producto de un acuerdo discrecional, al margen de las comunidades escolares, entre la SEP, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Agregaron que la propuesta legislativa no garantiza el acceso universal al derecho a la educación, pues deja en manos de las burocracias universitarias y de empresas privadas el establecimiento de los requisitos y filtros de ingreso. Tampoco, sostuvieron, impulsa la revalorización de la formación y labor magisterial.

Indicaron que en la iniciativa se propone la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, pero no se reconoce explícitamente la existencia de las escuelas normales rurales y su modelo educativo.

Además, pretende constituir un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, que, aseguran, tendrá un carácter antidemocrático, ya que la representación de docentes y estudiantes será minoritaria.

Añadieron que es imperativo promover la democratización de todas las casas de estudio y ponerle un alto a las mafias académico-políticas integradas en la ANUIES que promueven la privatización de la educación pública.