La Paz., Militares de la región de Cochabamba protestaron en rechazo al arresto domiciliario del comandante de las fuerzas armadas, el general Alfredo Cuéllar, acusado de asesinato durante la matanza de Sacaba, ocurrida en noviembre de 2019. Once personas murieron durante la represión de la fuerza pública a estas protestas en apoyo al ex presidente Evo Morales.

Cochabamba fue escenario de la manifestación más multitudinaria y hubo otras en ciudades como La Paz y Santa Cruz, para exigir respeto a los cuerpos de seguridad bolivianas, reportó el diario Los Tiempos.

Decenas de militares jubilados o en proceso de jubilación se movilizaron el viernes para denunciar la persecución policial después de que Cuéllar fue condenado el jueves a arresto domiciliario por su implicación en los hechos.

Cuéllar, detenido el martes, aseguró ante la fiscalía de Sacaba, en Cochabamba, que durante aquellos días sólo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto al mando, informó el diario La Razón.

La detención tomó por sorpresa a algunos miembros del ejército, que han calificado de desconcertante la acusación de la fiscalía de Cochabamba.

El máximo jefe de los militares, general Jaime Zabala, aseguró que las fuerzas armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el capitán general de las fuerzas armadas, que de acuerdo con la Carta Magna es el presidente del país y que entonces era la golpista Jeanine Áñez.

El general es el primer militar de rango detenido tras la llegada a la presidencia a inicios de octubre del izquierdista Luis Arce, ex ministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales.

Los hechos ocurrieron entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, a consecuencia de las protestas surgidas tras la renuncia de Morales, después de que su victoria en los comicios de octubre no fue reconocida por la oposición y una parte de las fuerzas armadas.

Una primera investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desplazó esta semana una nueva comisión al país, definió que entre octubre y noviembre hubo unos 35 muertos.

La Organización de Estados Americanos avaló esas denuncias. De la docena de víctimas por los hechos en Sacaba, al menos ocho murieron por impactos de bala recibidos por la fuerza pública.