espués de la crisis sanitaria que no cesa en el mundo y en el país por la pandemia, con un número creciente de contagios y de pérdidas de vidas humanas, el mayor desafío desencadenado por el mismo flagelo es la recesión económica y de manera especial la pérdida de empleos formales, la reducción del poder adquisitivo de los salarios y, lo más grave, su repercusión social: el incremento de la pobreza y la desigualdad.
Es un desafío monumental en un entorno global adverso y debiera ser una agenda prioritaria para el gobierno y para todos los sectores, más allá de filiaciones ideológicas, adscripciones partidarias y aun de intereses específicos de los factores de la producción. La lucha por mejores condiciones de vida para las familias mexicanas tiene que ser un objetivo común, aquí y ahora.
Las cifras dadas a conocer la semana pasada por el Inegi no dejan lugar a dudas de que el necesario confinamiento por meses, la pausa en la actividad económica interna y la reducción también del ritmo de desempeño de los mercados internacionales con los que México tiene una estrecha relación comercial, ya tuvieron un efecto devastador en los indicadores económicos y sociales.
En efecto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, de los 12 millones de personas que salieron de la población económica activa (PEA) en abril, se han incorporado sólo alrededor de 10.2 millones para octubre, es decir, 1.8 millones menos. Por una parte, los empleos estables y formales descienden, y por la otra, la tasa de informalidad laboral (TIL) crece, pues pasó de 54.9 por ciento de la población ocupada en septiembre a 56 por ciento en el décimo mes de este año, por lo que la población ocupada en la informalidad se incrementó en 1.6 millones de personas en un mes, para situarse en 29.7 millones.
Visto con mayor perspectiva en el tiempo: en el tercer trimestre de 2020, según el Inegi, solo 51 millones de personas tuvieron una ocupación laboral, sea formal o informal, 4.2 millones menos que en el mismo periodo de 2019. Un trabajo, además, con menor poder adquisitivo, pues la población subocupada, que a pesar de contar con un empleo necesita trabajar más, subió 4.4 millones en el último año para alcanzar 8.7 millones.
El descenso en el periodo es grave, a pesar de que el mes pasado hubo una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector terciario de 1.6 millones, impulsada por el aumento de la ocupación en el comercio con 574 mil personas, en los servicios diversos con 459 mil personas, en servicios profesionales, financieros y corporativos con 285 mil y los restaurantes y servicios de alojamiento con 236 mil ocupados más que en el mes previo. Con este significativo repunte, la tasa de desocupación (TD) disminuyó a 4.7 por ciento de la PEA frente a 5.1 por ciento de septiembre.
De ese universo de empleos generados en octubre, sólo 200,641 fueron puestos formales de trabajo, registrados ante el IMSS, después de las pérdidas de meses anteriores, con lo cual en el periodo enero-octubre de 2020 se perdieron 518 mil 609 empleos dotados de prestaciones sociales.
La crisis económica se refleja también en los recortes de salarios y prestaciones. Según el Termómetro Laboral del sitio digital Online Carreer Center, OCC Mundial, 25 por ciento de las pequeñas y medianas empresas han recortado hasta septiembre cuando menos 50 por ciento de los salarios de sus trabajadores; otro 25 por ciento ha hecho ajustes de entre 20 y 50 por ciento, y una de cada 10 pequeñas empresas ha mantenido el salario, pero ha reducido prestaciones.
Pero el efecto concreto del declive económico ya se registró en los indicadores sociales, los más importantes, los que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, especialmente el indicador de la pobreza laboral.
En efecto, el ingreso laboral de los mexicanos bajó 6.7 por ciento en el último año, al pasar de mil 794.87 pesos en el tercer trimestre de 2019 a mil 675.21 pesos en el tercer trimestre de este año, informó el Coneval.
Esto significa en términos llanos que aumentó la pobreza laboral, y concretamente que el trabajador percibe un salario inferior al costo de la canasta básica, por lo que el segmento demográfico que no puede adquirir esos insumos básicos pasó de 38.5 a 44.5 por ciento de la población en México, según el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza del propio organismo autónomo. En el comparativo anual, de las 32 entidades del país, sólo en cuatro ese índice de la pobreza disminuyó: Zacatecas, Morelos, Michoacán y Oaxaca.
Además, la desigualdad se ha agudizado, pues ha habido un aumento en la brecha entre quienes tienen más ingresos y los que perciben menos: el salario del quintil con mayores ingresos, en la cúspide de la pirámide, representó 146.3 veces al del quintil con menos ingresos, el de la base, con lo que el coeficiente de Gini pasó de 0.49 a 0.54.
En suma, revertir esta tendencia nacional hacia una mayor pobreza laboral, la crudeza de no poder adquirir la canasta básica, y la agudización de la desigualdad, más para los menos y viceversa, es un desafío formidable que debiera ser el núcleo de la política social y la prioridad de todos los sectores políticos, económicos y sociales.
*Presidente de la Fundación Colosio
