En espera de que este lunes se entregue a los coordinadores parlamentarios la propuesta de los empresarios en materia de subcontratación laboral, negociada con el gobierno federal, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó que no deben aceptar que las presiones de intereses económicos trastoquen la esencia de la iniciativa presidencial.

“El outsourcing ilegal afecta a la clase obrera pues se les registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con salarios menores a los que realmente perciben, lo que repercute en sus pensiones, créditos de vivienda, licencias de maternidad o incapacidades y menores montos en casos de liquidación. Además, redunda en la estabilidad laboral, el pago de utilidades y en la antigüedad que no alcanzan a generar las y los trabajadores para un mejor retiro”, indica un análisis del grupo legislativo mayoritario sobre la iniciativa.

Además, señala, existe también una afectación a las empresas, cuando se abaratan artificialmente costos de mano de obra, lo cual crea una competencia desleal frente a las firmas que sí cumplen completamente con sus obligaciones patronales.

Asimismo, Alfonso Ramírez Cuéllar, ex dirigente nacional de Morena, expresó que si bien el acercamiento entre el gobierno federal y los empresarios ha sido positivo y alentador, los legisladores debemos establecer nuestra facultad y no aceptar las presiones de los grupos económicos para alterar la iniciativa.

En ese sentido, planteó que las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, que se espera aprueben el dictamen el martes, deben mantenerse firmes en los principales aspectos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador: la defensa de los derechos y prestaciones de las y los trabajadores, el fortalecimiento del IMSS y del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, y la erradicación de la evasión fiscal de IVA e ISR.

Además, expuso, los legisladores deben mantener como prioritarios y considerar como irrenunciable la desaparición del actual sistema de subcontratación laboral; definir que la Secretaría del Trabajo sea la instancia encargada del registro y del padrón de las empresas que presten servicios y obras especializadas, e imponga multas; garantizar que la reforma entre en vigor a partir del primero de enero de 2021, como prevé la iniciativa, y mantener el criterio de defraudación fiscal por la simulación de intermediación con la sanción de la acción penal.

Es completamente falso que con estos ejes se inhiba el empleo o que las empresas entren en dificultades económicas y financieras. Quien argumente eso recurre al chantaje proveniente de un grupo reducido de empresarios que se han acostumbrado a enriquecerse con abuso y evasión fiscal. El país debe ejercer acciones más drásticas que erradiquen la evasión y la elusión fiscal, manifestó.