La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes la Recomendación General 43/2020, en la cual señala que las autoridades de los tres poderes han puesto en marcha estrategias insuficientes para detener la violencia de género y los feminicidios.

En un comunicado, el organismo público indicó que la violencia contra las mujeres en México tiene raíces profundas que derivan de la discriminación reiterada y normalizada a través del tiempo, lo cual genera conductas como el machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas, que no han sido atendidos ni corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano.

Tras enfatizar que lo anterior configura un atentado contra la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres, la CNDH destacó que tan sólo de enero a julio de este año ha registrado 180 mil 646 casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual, de los cuales 549 corresponden al feminicidio.

Por lo anterior, la comisión emitió dicha Recomendación General 43/2020, a fin de solicitar al Estado mexicano realizar un reconocimiento conjunto, público y abierto de la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país por razón de género, y en el que se comprometan a realizar acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres.

El organismo subrayó que es imperioso diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a una política pública integral y de carácter nacional, con enfoque de derechos humanos y de género, para prevenir, atender y sancionar el feminicidio.

De igual forma, solicitó un diagnóstico operativo, así como de recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de la prevención, atención e investigación del feminicidio, que permita identificar las grandes áreas de oportunidad que se tienen.

En otro punto de la recomendación, la CNDH conminó a las autoridades a implementar un programa de formación, capacitación y profesionalización permanente en materia de violencia contra las mujeres por razón de género, que permita la asignación de recursos económicos a las dependencias locales encargadas de la prevención.