Diputados de Morena reventaron la sesión de comisiones unidas de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda en la que se pretendía aprobar un acuerdo a fin de suspender el plazo de seis meses para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo 2020-2040, el cual realizó la jefatura de Gobierno en septiembre pasado.

La obligación de instaurarlo, por ley, es del Instituto de Planeación, lo cual no ha sucedido un año después.

De acuerdo con la Constitución local, el instituto debe consultar a los ciudadanos e incluir sus propuestas en el plan general, posteriormente será enviado a la jefatura de Gobierno y luego al Congreso; de no haber modificaciones, entrará en vigor en un plazo no mayor a seis meses.

Las comisiones unidas consideraron que las autoridades omitieron todo el proceso, pues envió un plan en el que se reconoce que no fue consultado con la gente.

Se propone aclarar que, hasta en tanto no se dé cumplimiento con cada una de las fases del procedimiento para la elaboración del plan, no correrá el plazo de seis meses para que el Congreso de la ciudad apruebe el plan general que para tal efecto remitió la jefa de Gobierno, se lee en el acuerdo que presentarían las comisiones unidas.

Ayer por la mañana, cuando se tenía programada la sesión virtual, los morenistas –con excepción de Paula Soto– no se presentaron a la reunión convocada por los titulares de ambas comisiones, Federico Döring y Fernando Aboitiz; en total, no asistieron 20 legisladores, por lo que no hubo quórum para discutir el acuerdo.

Los diputados afirmaron que su propuesta retomaba las peticiones de los ciudadanos de poner a consulta el plan enviado por la mandataria local.

Por otra parte, en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no tiene recursos propios para el próximo año.

Al igual que en 2020, en el que tampoco se destinó dinero, el proyecto establece que del presupuesto asignado a las secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, el de Inclusión y Bienestar Social, así como el de los Servicios Metropolitanos, se deberán destinar recursos para la creación e instalación del organismo. La Secretaría de Administración y Finanzas será la encargada de determinar el importe que cada ente aportará con cargo a sus propias prerrogativas.