Por unanimidad, el Senado aprobó la nueva Ley General de Educación Superior, que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir de 2022 y será de forma gradual.

El dictamen tuvo más de 30 cambios en el pleno, propuestos a última hora, entre ellos el referido al periodo de transición de un año que tendrá la legislación antes de comenzar a operar, debido a la crisis financiera provocada por la pandemia de Covid-19, lo que impide que todas las universidades públicas puedan dejar de cobrar cuotas al mismo tiempo.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Educación, el morenista Rubén Rocha Moya, destacó que la nueva norma regula tres subsistemas: universidades, tecnológicos y normales, incluidas las rurales. También trata de la evaluación y del respeto a la automomía universitaria, ya que se estableció en el dictamen que para hacer alguna modificación al estatus de cualquier universidad se deberá realizar una consulta pública con la comunidad estudiantil, y con ello se garantiza que ni los congresos estatales ni los gobernadores quieran atentar contra la autonomía de las casas de estudios estatales.

Rocha Moya detalló que también se establecen las atribuciones que tienen la Federación y los estados, así como aquellas que son concurrentes, además de los fines y las políticas públicas para efecto de fortalecer a la educación superior.

Asimismo, introduce el tema de género, el respeto a una vida de entero equilibrio en las universidades y, sobre todo, de espacios en donde esté ausente por completo la violencia contra las mujeres.

Contribución al desarrollo

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Manuel Añorve, a nombre de esa instancia legislativa destacó en el pleno que esta ley establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano a garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. También se contribuye al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanistico, productivo y económico del país.

En la citada norma se establecen los criterios para el financiamiento corespondiente al servicio público de educación superior y se regula la participación de los sectores público, social y privado.

De manera breve, Añorve hizo un rápido recuento del contenido: se garantiza la autonomía; se reconoce la educación superior como un derecho necesario y su impartición como un servicio público garantizado por el Estado; se reitera la obligatoriedad de la educación superior, y para ello se garantiza su acceso y permanencia; se prioriza la comunidad estudiantil, cuyos intereses y necesidades son el centro del sistema nacional de enseñanza superior.

Se reitera la gratuidad de la educación; se garantizan las libertades de cátedra, y se establece la creación de las instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior.

En el nuevo ordenamiento se establecen criterios para el financiamiento a la educación pública, la obligación de las instituciones privadas de destinar 5 por ciento de su matrícula a becas de estudiantes sin recursos y frena a las llamadas universidades patito, ya que para brindar el servicio deben contar con el reconocimiento de validez oficial por parte de la autoridad educativa correspondiente.

Aníbal Ostoa, senador de Morena, resaltó en el pleno que el hecho de incluir a las normales rurales en el Subsistema de Educación Superior e Instituciones de Formación Docente no es más que una respuesta a los gobiernos conservadores y neoliberales que perversamente cerraron la mitad de las escuelas normales rurales e insistían en su cierre definitivo de las 16 existentes.

También, en el artículo 43 de la norma recién aprobada por el Senado se establece que el Estado reconoce la importancia y coadyuvará a garantizar que las instituciones de educación superior se constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a la enseñanza superior, entre otros cambios.