La propuesta de la bancada de Morena en el Senado de modificar la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), que desvincularía a este organismo de la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, generó reacciones de condena por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, así como de organismos nacionales e internacionales.

En un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, advirtió que el proyecto implica un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia de un estado de derecho al afectar las garantías a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Grave, abandonar a periodistas y activistas

Consideró que resulta grave que la iniciativa proponga el retiro de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros mecanismos, cuando, por el contrario, se requiere una mayor coordinación institucional para combatir la desaparición de personas y las agresiones a periodistas y personas defensoras.

De su lado, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, envió el martes pasado una carta al Senado en la que manifestó su inquietud ante la posibilidad de que la iniciativa bajo análisis ponga en riesgo la oportunidad de culminar el proceso de fortalecimiento que la FGR necesita, además de afectar la consolidación del sistema acusatorio en el país.

El abogado alertó que el proyecto de reforma acaba con la obligación de la FGR de participar en la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, además de eliminar las prerrogativas de las víctimas y sus defensores para participar en las investigaciones.

Por su parte, unas 200 organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y activistas a título personal lanzaron una carta abierta al Senado en la cual denunciaron que el proyecto de reforma está trazando el camino para consolidar una fiscalía más arbitraria, burocrática y alejada de la sociedad.