Los ex miembros de la Policía Federal (PF) que aceptaron pasar a la Guardia Nacional (GN) tienen derecho a conservar su rango y prestaciones, tal cual se estableció en el decreto de reforma a la Constitución que dio origen a esta nueva corporación. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar dos amparos, los primeros que sobre este tema se resuelven en el máximo tribunal.

La segunda sala de la Corte señaló que algunos puntos del acuerdo emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en junio de 2019 pasado, así como de la minuta de la mesa de diálogo que esta dependencia tuvo con los elementos de la PF, en septiembre del mismo año, tenían visos de ilegalidad. Cerca de 27 mil integrantes de la PF, 70 por ciento de sus elementos, aceptaron el cambio de corporación, aunque alrededor de 4 mil de ellos promovieron amparos para mantener sus derechos laborales.

En el primero de estos casos, el ministro Alberto Pérez Dayán sostuvo que no reconocer los derechos adquiridos de los ex policías sería contrario a la legalidad.