os números de la pandemia del Covid-19 en Brasil son cada vez más estruendosos. El total de muertos supera la cifra de 182 mil y el de infectados se acerca a 6 millones 900 mil.

En días recientes se mantuvo el número de nuevos infectados por encima de 50 mil. Más de 2 mil a cada hora. Casi 35 por minuto.

Y frente a semejante tragedia, ¿qué hace el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro?

En menos de dos semanas Eduardo Pazuello, el general activo que ocupa el cargo de ministro de Salud aunque reconozca que ni él y menos aún los otros militares que esparció el gobierno a su alrededor saben algo de salud pública, anunció cinco medidas distintas y contradictorias sobre la campaña de vacunación en Brasil.

Tartamudo e inseguro en algunos pronunciamientos, pareció firme y prepotente en otros, pero en ningún momento fue convincente.

No explicó, por ejemplo, cómo pretende obtener las más de 400 millones de jeringas con sus respectivas agujas para vacunar a los 210 millones de habitantes. No expuso un plan concreto y claro sobre cómo será la logística para distribuir vacunas en un país de las dimensiones del brasileño.

Anunció que quizás en diciembre, pero seguro en enero llegarían a Brasil las primeras remesas de la vacuna desarrollada por la empresa Pfizer, y que serían de inmediato llevadas a la población.

Fue enfáticamente desmentido por la farmacéutica, que además informó, a través de su ejecutivo máximo en tierras brasileñas, que en agosto envió a Pazuello una propuesta que permitiría la adquisición de millones de dosis de su vacuna, entonces en experimentación, y nunca hubo respuesta.

Ahora el general ministro pide, en vano, al menos 500 mil dosis de emergencia (por ironía del destino, menos de la décima parte de los infectados por Covid-19 frente a la inercia de su ministerio y la negación presidencial de la gravedad del cuadro existente).

Mientras, el Instituto Butatan, de São Paulo, empezó el pasado jueves el envase de la vacuna Coronavac, resultado de una asociación con el fabricante chino Sinovac. La perspectiva es envasar hasta un millón de dosis diarias. El biológico no fue aprobado oficialmente aún. Pero tan pronto sea liberado, será distribuido.

Con tal anuncio, el gobernador derechista de São Paulo, João Doria, que de aliado pasó a ser enemigo irreversible de Bolsonaro (el mandatario no admite adversarios, los transforma en enemigos), abrió un nuevo frente de guerra con Brasilia.

Es que si efectivamente São Paulo empieza a vacunar en enero, pondrá de relieve la inercia del gobierno nacional, y tal perspectiva llevó el ministro general a anunciar algo que no tendría cómo poner en práctica, la llegada de Pfizer.

Bolsonaro optó por mantenerse al otro margen, viajando por todo el país, provocando aglomeraciones y asegurando, contra todas las trágicas evidencias, que la pandemia en Brasil ya está llegando al fin

Cada día el mandatario deja claro que tiene tres focos de preocupación principales: las elecciones de 2022, mantener un discurso coherente junto con su base de seguidores incondicionales y proteger a sus hijos.

Los viajes tienen clarísimo carácter electoral. Y buen ejemplo de los movimientos dirigidos a sus allegados fue el anuncio, con júbilo, de que a partir de enero ya no habrá impuesto para la importación de revólveres y pistolas. El armamentismo desenfrenado es una de las banderas más notorias del clan presidencial.

La búsqueda enfática de medios para proteger a sus tres hijos que actúan en la política –Carlos, concejal en Río; Eduardo, diputado nacional, y Flavio, senador– provoca escándalos en secuencia.

Carlos y, sobre todo, Flavio están bajo rigurosa investigación judicial por el crimen de contratar asesores fantasma para sus respectivos despachos parlamentarios y quedarse con sus sueldos y gratificaciones. El operador del esquema criminal, un ex policía llamado Fabricio Queiroz, íntimo amigo del presidente, se encuentra bajo arresto domiciliario.

El pasado jueves se supo, a través del semanario Época, que hubo reuniones entre los abogados del hijo senador con Jair Bolsonaro y sus asesores más calificados en el gabinete presidencial.

Y, más grave, la Agencia Brasileña de Inteligencia, instancia máxima del sector, fue orientada a producir informes secretos que fueron filtrados a los abogados de Flavio para ayudar en la defensa del acusado.

Más allá de mezclar el interés privado con el público, se trata de un crimen tipificado por la legislación brasileña. La Fiscalía General de la República investiga el caso.

Una vez más, el presidente Bolsonaro niega todo, pese a las pruebas concretas.

La distancia entre la realidad devastadora vivida por Brasil y las actitudes del mandatario, no hacen más que confirmar que la nación está cada vez más a la deriva, acercándose a un naufragio que parece inevitable.