La forma casi subrepticia en la que se trataron de aprobar las reformas a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) –que la hubieran desvinculado de temas como la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de periodistas y activistas amenazados– genera sospechas de que la bancada de Morena en el Senado trató de hacerla pasar inadvertida, pese a la trascendencia de los cambios que propone.

Así lo advirtieron defensores de derechos humanos y especialistas en temas legales, quienes señalaron que la prisa para realizar dichas modificaciones no se justifica, menos aún si el efecto sería otorgarle más poder a la FGR, quitarle mecanismos de supervisión ciudadana y darle la posibilidad de definir sus compras públicas sin rendirle cuentas a nadie.

Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, alertó que desde el inicio de la gestión de Alejandro Gertz Manero, la fiscalía está tratando de girar el timón hacia una visión de aislamiento, deslindándose y rompiendo comunicaciones con organismos nacionales e internacionales y, sobre todo, con estructuras para la participación de la sociedad civil.

Al tratar de distanciarse de labores como la búsqueda de las víctimas de desaparición, la propuesta de reforma de la bancada de Morena en el Senado –que finalmente se discutirá en periodo extraordinario el 15 de enero de 2021– está teniendo una conducta de traición a la sociedad mexicana, intentando que los puntos más controversiales se pierdan entre las más de 400 páginas del proyecto.

Por su parte, Luis Manuel Pérez de Acha, ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó el apresuramiento con el que se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de la FGR.

“Me llama la atención la prisa para sacar una ley de esta envergadura, con cambios organizacionales, desapareciendo el consejo consultivo, dándole más poderes al fiscal, reformando leyes paralelas sin abrir un foro público de discusión. El que esto se haya hecho más rápido que la norma sobre el outsourcing provoca mucha suspicacia”, apuntó.

Una parte peligrosísima que ha pasado desapercibida es que este proyecto reforma leyes como la de obras públicas, que ahora sería inaplicable para la FGR. Se le permite al fiscal que sea quien defina las reglas, y todo esto pasa en lo oscurito y esas cosas no se pue-den permitir, enfatizó el experto en derecho administrativo.