La toma de casetas en el país representó una pérdida de más de 7 mil millones de pesos en dos años, combinados los faltantes de los sectores público y privado, por lo que es necesaria la aprobación en el Senado de la minuta que castiga con cárcel esta actividad, expuso Marco Antonio Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).

En entrevista, consideró que la iniciativa no condena la protesta social, dado que hay grupos ya identificados que actúan como delincuencia organizada para huachicolear las plazas de cobro. Señaló que Jalisco, Morelos y Sonora son los estados donde más extendida está la toma de casetas.

El martes la Cámara de Diputados aprobó penas que van de seis meses hasta siete años de prisión para quienes tomen casetas y exijan una cuota a los automovilistas o dañen las vías de comunicación. La iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación fue promovida por Morena y Acción Nacional.

Frías aseguró que a partir de 2017 la toma de casetas se volvió una actividad reiterada en la que se extorsiona a los usuarios. Destacó que se involucran diversos delitos y en dicho contexto la iniciativa da un marco regulatorio para combatir este ilícito, el cual se incrementó en marzo con el inicio de la contingencia sanitaria.

En este periodo se han registrado hasta 20 bloqueos diarios de diferente duración. Consideró que la iniciativa es un inicio, pero también se necesitan generalizar los cobros electrónicos en las estaciones y mayor coordinación entre diversos niveles de autoridad.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la toma de casetas “es un modus operandi para sacar dinero”, son grupos que “se dedican a medrar… es un acto ilícito, como el huachicol” y nosotros no vamos a permitir la ilegalidad, porque seríamos cómplices de actos delictivos.

Desde Palacio Nacional hizo un llamado a todos los que están actuando de manera ilegal, porque no nos vamos nosotros a acostumbrar, no va a haber impunidad para nadie, todos a portarnos bien. Desde el de más arriba, que tiene que pagar sus impuestos, hasta cualquier otro ciudadano. No hay privilegios, subrayó.