La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México pagar al Tribunal Electoral de la entidad 7 millones 768 mil pesos que omitió cubrirle durante los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre, de conformidad con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.

Consideró que la reducción no fue justificada y se hizo de manera unilateral, lo que vulneró la autonomía de funcionamiento del tribunal en relación a su independencia presupuestaria, y conculcó el principio de división de poderes.

El pago deberá hacerse dentro de los cinco días naturales siguiente a que sea notificada la resolución, determinaron los magistrados en sesión pública, en la que se pide a la jefa de gobierno capitalina como autoridad responsable y superior jerárquico del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la sentencia en tiempo y forma, de acuerdo con lo ordenado.

El presupuesto aprobado para el Tribunal Electoral local fue de 250 millones 949 mil 214 pesos. A petición de la Jefatura de Gobierno para contribuir al combate de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la institución aprobó el 26 de junio y 1 de septiembre una reducción de 12 millones 307 mil 883 pesos, en atención a la Ley de Austeridad. Sin embargo, se le descontaron de sus ministraciones 17 millones 94 mil 921 pesos, cifra que había pedido la administración capitalina.

El 2 de diciembre, el Tribunal local impugnó ante la sala superior del TEPJF la disminución aplicada en las partidas correspondientes a julio, agosto, noviembre y diciembre. El martes pasado, amplió su queja debido a que de manera adicional se le dejaron de entregar 2 millones 236 mil 86 pesos, lo que suman los más de 7 millones de pesos que reclama. 

Los magistrados señalaron que la legislación local establece que los órganos autónomos tienen facultad para hacer reducciones ante casos de disminución de ingresos recaudados por la administración pública, o cuando exista una emergencia sanitaria o desastre natural. En ambos, corresponde al Congreso local realizar las modificaciones presupuestales.