Madrid. Carlos Palma, fiscal de Aysén, región escasamente poblada del sur de Chile, dictó orden de detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude en el ejército calculado en 3 mil millones de dólares.

La investigación comenzó en 2018 y, de acuerdo con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas, informó el diario El Mercurio.

Palma ya lideró en 2018 un registro en los comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del cuartel general del ejército en Santiago. Entonces eran unos 300 los militares investigados.

El fraude se realizó por medio de contratos y pago de sueldos a personal retirado, además de comisiones de servicios que nunca se realizaron y de compensaciones por pérdidas económicas individuales, todo ello a raíz de que se dio por terminado el Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de apoyo solidario que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el ejército en 2006.

Una vez que el fondo de ayuda se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y, en un primer momento, esas medidas estaban dentro de la legalidad y consistían en pagar comisiones por servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por la emisora chilena RLN.

Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban, pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización del trabajo, por lo tanto, había salida de dinero sin justificación y, en algunos casos, extensión de los beneficios posteriores al retiro a un plazo mayor al legalmente permitido.

Las penas para el delito de fraude fiscal oscilan entre uno y medio y cinco años de cárcel.