En el primer informe de la Misión Internacional de Observación Electoral se destaca que ante la creciente expansión del crimen organizado en ciertos territorios del país, hay riesgos de violencia y potencial influencia de la criminalidad organizada sobre las elecciones.

Ante tal situación, señala, se requiere estrecha coordinación entre autoridades federales y comiciales para inhibirla. También considera que hay creciente polarización entre actores políticos que requiere de estrategias para distenderla y que el debate público no genere incertidumbre en el electorado.

Durante la presentación del documento, Eduardo Núñez, director general del Instituto Nacional Democrático para Centroamérica –participa a título personal–, resumió las primeras conclusiones de la misión, entre las que destacó la necesidad de coordinar acciones para procesar la organización electoral en tiempos de pandemia, que evite que el Covid-19 incida en la participación ciudadana, para lo que advirtió sobre la necesidad de consensuar acciones.

Explicó que se deben coordinar protocolos y acciones para hacer compatible la estrategia sanitaria y la organización de los comicios, previniendo que no haya aglomeraciones en la votación. De igual forma, sostuvo que debe haber vigilancia activa y prevención de riesgos de uso electoral de los programas de mitigación de los efectos socioeconómicos de la crisis del Covid-19, incluyendo la aplicación de los planes o estrategias de vacunación.

Expresó también la preocupación por los diferendos entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, sobre la base de que es preciso encontrar equilibrios y marcos de cooperación interinstitucionales basados en que el respeto irrestricto a la autonomía de las autoridades comiciales es fundamental para la integridad del proceso.

Para la misión, la atención al posible impacto de la violencia en las votaciones requiere coordinación entre autoridades federales y estatales, así como de organismos comiciales para concretar la coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civiles y militares involucradas en la gestión de la seguridad pública, que asegure un marco apropiado de protección de los agentes electorales y los miembros de los partidos en la contienda.

Por otro lado, Núñez destacó la necesidad de reducir las narrativas de confrontación y polarización entre los actores políticos, asumiendo que las elecciones deben configurarse como un fecundo espacio de deliberación que coadyuve a que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos y participe activamente.