En México existen cerca de 30 mil concesiones de aguas superficiales y casi 47 mil de aguas subterráneas en territorios indígenas, cuyos 16 millones de habitantes carecen de mecanismos de participación y consulta que hagan efectivo su derecho humano al agua, criticó Claudia Gómez Godoy, defensora jurídica de pueblos indígenas e investigadora del Colectivo de Abogados.

En entrevista, lamentó que a los pueblos originarios no se les ha garantizado el derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, pero tampoco el derecho al territorio y a la libre determinación, los cuales no se consideran a la hora de otorgar las concesiones.

Explicó que los pozos y manantiales se han concesionado a municipios; aguas y zonas federales para uso agrícola, a caciques o unidades de riego, así como a grandes productores de alimentos y empresas mineras.

Gómez Godoy detalló que en las casi 30 mil concesiones de aguas superficiales –equivalentes a 35 mil millones de metros cúbicos al año– y de 47 mil 781 subterráneas –que representan 3 mil millones de metros cúbicos anuales–, los pueblos que más enfrentan esta situación son el maya, zapoteco, totonaca, náhuatl, mixteco, yaqui, tarahumara, otomí, zoque, tzotzil, purépecha y mazahua, entre otros.

Una gestión democrática del agua debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, para lograr una participación efectiva en la toma de decisiones, en cumplimiento a lo que se establece en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, principalmente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, subrayó.

La abogada –especialista en la defensa comunidades originarias frente a megaproyectos– consideró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) opera con patrones discriminatorios contra pueblos indígenas y sistemas comunitarios en todo el país, ya que otorga concesiones a grandes intereses sin importar los daños y la contaminación impune de las aguas de las cuales dependen las poblaciones originarias.

Afirmó que la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, no reconoce a las comunidades originarias para ser tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con su territorio y con el agua.

Por ello destacó la necesidad de contar con una nueva legislación en la materia que se adecúe a la pluriculturalidad del país y que se establezcan requisitos especiales para poder otorgar concesiones sobre territorios indígenas.