Luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) y las comisiones locales de 24 estados lanzaron ayer un comunicado en el que manifestaron su rechazo a la propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones civiles saludaron dicho pronunciamiento por el valor que implica denunciar las inconsistencias de esa dependencia.

Es un comunicado valiente, claro y determinado que dice lo que no se atreven a decir en otros espacios de gobierno. Es muy importante, porque ya no sólo firmó la CNB, sino también 24 de 32 comisiones locales de búsqueda, y es un llamado de atención a los gobernadores que obstaculizan las diligencias para encontrar a las víctimas de desaparición, afirmó Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.

“La CNB y (el subsecretario de Derechos Humanos), Alejandro Encinas, lo único que hicieron es desempeñar su trabajo y han tenido el arrojo y la integridad de no poner su hueso por delante.

Diciendo las cosas así, se rifan cuestiones personales, y esta es una muestra nítida de su compromiso, estimó.

La activista señaló que aunque el comunicado parece evidenciar una confrontación entre la FGR y la Secretaría de Gobernación –de la cual depende la CNB–, en realidad el choque es de la fiscalía con la justicia, pues esta dependencia sigue una visión positivista y anquilosada de las leyes que ha quedado rebasada por la violencia.

El desarrollo vertiginoso de la realidad siempre gana, y la FGR sigue diciendo que no tiene por qué atender casos de desaparición que no hayan sido cometidas por un agente del gobierno federal, sin ver que son estas y otras autoridades las que permitieron a grupos de la delincuencia organizada cometer miles de desapariciones y homicidios.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por decidir si las determinaciones de organismos internacionales son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.