l 21 de abril pasado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, dio a conocer en conferencia de prensa el inicio de su Campaña por la Vida: Mar de Agravios, Montaña de Quebranto (https://youtu.be/L5kqlbEUJ1c ),en la que denuncia la profundización de las violencias del crimen organizado en colusión con las autoridades locales en la Montaña de Guerrero, en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19.

Se trata de un llamado a las autoridades y a la sociedad civil, a escuchar las voces de quienes desde esta región del país denuncian las violencias extremas que han causado feminicidios, violaciones sexuales, desapariciones y desplazamientos forzados.

El equipo legal de Tlachinollan, acompañado por varias de las familiares de las víctimas, usaron los medios digitales para confrontar la complicidad del silenciamiento y la indiferencia, que tanto autoridades locales como federales, han mostrado ante las múltiples denuncias que el centro ha venido haciendo en torno a feminicidios, desapariciones forzadas y asesinatos, acaecidos en el último año en el contexto de la pandemia.

Se trata también de un llamado a la solidaridad con los y las defensoras de los derechos humanos, cuya vulnerabilidad se ha visto profundizada por un discurso presidencial que descalifica y desestima su trabajo.

En esta primera etapa de la campaña, la información presentada se centró en la violencia focalizada contra las mujeres indígenas, que Tlachinollan ha venido documentado durante los meses de la pandemia. La abogada Neil Arias, expuso las estadísticas del oprobio que nos hablan de 20 casos de feminicidio, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica, denunciados ante el centro durante la pandemia.

Estos datos refieren sólo a aquellas mujeres que pudieron llegar a Tlapa a denunciar, por lo que se deduce que el número de mujeres indígenas víctimas de violencias extremas es mucho más alto, considerando que se trata de un territorio controlado por más de 40 organizaciones del crimen organizado. Los testimonios presentados dan cuenta de cómo la violencia doméstica se complejiza, cuando los perpetradores son hombres vinculados al crimen organizado, que tienen a otros hombres armados que los respaldan, si la esposa, novia o hermana decide denunciar.

Este es el caso de la joven tu’un savi desaparecida en Cochoapa el Grande, Aurelia Vázquez, cuya madre Catalina Vázquez, describió en conferencia de prensa el viacrusis que ha enfrentado ante el racismo e indiferencia de los operadores de justicia. Desaparecida al inicio de la pandemia, el 13 de mayo del año pasado, después de que se le negaron las medidas cautelares al ser amenazada por su suegro, quien aparte de ser director de Seguridad Pública de ese municipio, se presume que tiene vínculos con el crimen organizado (Opinión: El suplicio de Aurelia, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña).

La experiencia de Catalina Vázquez, en la búsqueda de su hija, es sólo un ejemplo del trato e indiferencia de las autoridades judiciales ante las múltiples violencias que viven las mujeres indígenas, quienes no cuentan nunca con apoyo de traductor y que enfrentan a operadores de justicia que desconocen los protocolos de género. En el mismo sentido, Maribel Pérez Espinobarros, describió el asesinato de su hermano Ángel Pérez Espinobarros, de su esposa Beatriz Vázquez Cantú y de sus dos hijas, Raquel y María Isabel Pérez Vázquez de 12 y cuatro años, asesinadas y calcinadas el 30 de marzo del año pasado. Sus cuerpos, trasladados a Chilpancingo, continúan esperando que se les haga una necropsia, para poder regresar a sus familias y tener un entierro digno.

Durante todo este año, la familia Pérez Espinobarros, ha enfrentado el racismo y la misoginia burocrática, que les niega información y que rechaza que se trate de feminicidios, por no existir las pruebas necesarias para dicha tipificación. Paradójicamente, las necropsias que se niegan a entregar, son parte fundamental de las evidencias forenses que permitirían certificar el tratamiento que tuvieron las víctimas antes de ser asesinadas.

Tanto la familia de Aurelia, como la de Ángel, Beatriz, Raquel y María Isabel se han declarado defensores emergentes de derechos humanos y luchan no únicamente por la justicia para sus familias, sino para los cientos de personas que viven aterrorizadas y bajo el control del crimen organizado en la región, como es el caso del municipio Zapotitlán Tablas, en donde según testimonio de doña Maribel Pérez Espinobarros, la población entera está bajo el control de sicarios que asesinan, violan y desaparecen a personas, ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales.

Sirva este artículo para hacer eco de este llamado urgente de auxilio, pues las vidas de los defensores y defensoras siguen en peligro. La indiferencia gubernamental es complicidad.

* Doctora en antropología e investigadora del Ciesas