Las únicas posibilidades que tiene Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para obtener beneficios jurídicos y convertirse en una testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR), como ocurrió con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es entregar información que acredite que el ex presidente Enrique Peña Nieto conoció y se benefició de la llamada estafa maestra, o que revele dónde quedaron más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario, indicaron autoridades federales involucradas.

En dos ocasiones, el litigante Sergio Arturo Ramírez, uno de los defensores de Robles, aseguró que su clienta estaba dispuesta a entregar información útil al Ministerio Público a fin de llevar a tribunales a otros ex funcionarios implicados en el desvío de recursos públicos entre 2012 y 2018, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, cuando ella estuvo al frente de Sedesol y Sedatu, y también que estaba por alcanzar un acuerdo con la FGR, esto en marzo pasado.

Asimismo, el abogado se comprometió a entregar a La Jornada una tarjeta informativa del caso y los avances en la negociación que llevaba con la fiscalía, sobre todo por la acusación contra Robles en cuanto a delincuencia organizada y por la cual ya existe una orden de aprehensión en su contra que no se ha cumplimentado.

Funcionarios federales consultados al respecto señalaron que el hecho de que el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, se haya convertido en testigo colaborador de la FGR cerró las posibilidades a la ex funcionaria del gobierno de Peña Nieto de lograr beneficios, ya que a él le basta documentar la participación de Robles en la estafa maestra, el involucramiento de otros personajes de su mismo nivel, rectores de universidades públicas y servidores públicos de algunas dependencias.

Robles necesita entregar evidencia que involucre a funcionarios de mayor nivel que ella en delitos que también sean considerados más graves, y en esos niveles solamente está el ex presidente Peña, indicaron los funcionarios entrevistados, pues en caso de que señalara a Videgaray en el desvío, no cumple con las características jurídicas que señalan los requisitos para obtener lo que también se denomina un criterio de oportunidad, como el que gozan Zebadúa y Lozoya, refirieron los entrevistados.