Bogotá. El saldo de las movilizaciones en diversas ciudades de Colombia desde el pasado miércoles en rechazo a una polémica reforma tributaria, fue de al menos 19 muertos, incluido un policía, y unos 800 heridos, luego de que el presidente Iván Duque movilizó a las fuerzas del orden para calmar los ánimos de decenas de miles de inconformes.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, autor de la propuesta de reforma fiscal que golpeaba a las clases media y popular, renunció ayer, un día después de que Duque fue obligado a retirar la iniciativa, y fue relevado por el titular de Comercio, José Manuel Restrepo.

Sin embargo, al continuar las protestas en importantes ciudades del país, el presidente Duque advirtió que no habrá tolerancia al vandalismo ni al terrorismo urbano.

Diego Molano, ministro de Defensa, denunció que las movilizaciones fueron infiltradas por grupos armados ilegales que provocaron saqueos y vandalismo.

La Defensoría del Pueblo informó que 18 civiles y un policía murieron en las protestas, y el ministerio de Defensa contabilizó 846 lesionados, de los cuales 306 son civiles, al tiempo que la oposición y ONG aseguraron que la policía disparó contra civiles durante las protestas.

Para Molano, los hechos de violencia son premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla reconocida en Colombia, pero la oposición acusó a la policía de disparar contra civiles.

El gobierno presentó el pasado 15 de abril la iniciativa fiscal ante el Congreso para financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana. Pero las críticas llovieron tanto de la oposición como de sus aliados y el descontento no tardó en volcarse a las calles.

Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron disturbios y choques con la fuerza pública. Hubo afectaciones en 313 establecimientos comerciales, 69 estaciones de transporte, 94 bancos, 36 cajeros automáticos y 14 peajes, según cifras oficiales.

Presionado por las manifestaciones, Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un amplio sector la rechazó señalándola de castigar a la clase media y de ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia del Covid-19.

El mandatario propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el incremento al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

A pesar del anuncio, miles de personas protestaron ayer en las calles de Bogotá, y la segunda ciudad, Medellín (noroeste), donde rigen toques de queda nocturnos para frenar la tercera ola de la pandemia.

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantes e indígenas aseguraron que mantendrán indefinidamente las movilizaciones en Cali y otras ciudades en rechazo a la represión.

El Comité Nacional de Paro anunció que el retiro del proyecto de reforma tributaria no desactiva las protestas, y llamó a una nueva marcha para mañana en todo el país en rechazo a una reforma a la salud.

Según analistas, hay tres líneas generales que atraviesan la causa política de un movimiento heterogéneo y difícil de definir. Una de ellas era la renuncia de Carrasquilla y una economía más igualitaria que pide mayor democratización de la educación y la salud, así como una administración menos anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los oligopolios del plátano, el azúcar y la minería.

Una reforma a la policía que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, encargado de reprimir las protestas y una mejor implementación del proceso de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos en 2016 con las extintas FARC.

Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, en Colombia persiste un conflicto de seis décadas que enfrenta a disidentes de las FARC, rebeldes del ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar. En lo que va del año han sido asesinados 79 líderes sociales, defensores de los derechos humanos, firmantes de los acuerdos de paz y ex combatientes de las FARC.

Según la ONG Temblores, se reportaron 940 casos de abuso policial en los últimos días y se investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías.

En su peor desempeño en medio siglo, el PIB del país se hundió 6.8 por ciento en 2020 y el desempleo escaló a 16.8 por ciento en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea a 42.5 por ciento de la población.