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La pandemia agudizó una crisis que se inició en 2016

Inegi: retrocedió 10 años la industria de la construcción
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▲ Los planes de reactivación en la industria de la construcción impulsados por el gobierno no han tenido el avance deseado, señala experto.Foto José Antonio López
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de mayo de 2021, p. 15

Envuelto en narrativas de corrupción y frenado por la pandemia, el sector de la construcción en México retrocedió una década como actividad industrial y las empresas que lo conforman ingresan lo mínimo en 15 años, según muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al declive acumulado desde hace cuatro años se sumó el brote de Covid-19 que retrasó la inversión de 221 mil 962 millones de pesos durante el año pasado; además de 333 proyectos que involucran recursos por 33 mil 506 millones de pesos que fueron detenidos del todo, sin que a la fecha haya certeza de que se reactivarán, señala Bimsa Reports.

En este contexto, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), explicó que la industria comenzó a desacelerar en 2016 y sus condiciones se agudizaron dos años después, pero con la pandemia de Covid-19 la facturación en las firmas del sector se hundió 25 por ciento.

Los datos del Inegi muestran que con el confinamiento los ingresos de estas firmas llegaron al menor nivel del que hay registro y, como actividad industrial, el sector se encuentra en niveles similares a los que tenía en 2011.

La industria de la construcción contribuyó el año pasado con 6.7 por ciento del producto interno bruto, ocho décimas menos que en 2019, de acuerdo con el Inegi.

En julio de 2019, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un programa de impulso a la economía por 485 mil millones de pesos, en el que además de créditos se contempló una parte a infraestructura.

Un segundo anuncio se hizo en noviembre de ese año por 859 mil 33 millones de pesos. Le siguió uno en octubre de 2020 por 297 mil millones y otro más por 228 mil 60 millones un mes después, en noviembre.

Sin embargo, dicha política no ha avanzado a la velocidad que todos quisiéramos y las razones fundamentales son que no todos estos proyectos que se anunciaron están a nivel de proyecto ejecutivo. Es decir, que ya se puedan empezar a construir. Otros ya estaban iniciados y son los que están caminando ahora, son una cantidad pequeña en relación con los que se anunciaron, precisó Solares Alemán.

Empresas también aplazan inversiones

Agregó que también las empresas han aplazado inversiones por temas de confianza. Hay muchos ejemplos de cambios que se quieren hacer sobre contratos ya pactados. Por ejemplo, en el tema ferroviario, para el que se busca reducir el plazo de 50 años en la renovación de concesiones de ese sector. Es un cambio radical, los números ya no van a dar, consideró.

Bimsa reporta que al 31 de marzo de 2021 se tiene identificado el inicio de 5 mil 110 proyectos con una inversión de un billón de pesos. Como proyectos potenciales hay 2 mil 773 en el centro del país, 2 mil 610 en el noreste, 2 mil 213 más en el noroeste, 2 mil 571 en la zona oeste y 2 mil 32 en el sureste.

El presidente de la CMIC recalcó que en la medida en que se reactive la construcción se va a reactivar la economía del país, en contracción por seis trimestres seguidos. Manifestó que se requiere más inversión pública, mejor distribuida –que no se concentre sólo en los proyectos más grandes– y más ágil en los procesos. Hay muchas obras carreteras en las que no se ha resuelto el tema de propiedad de la tierra, el derechos de vía, tal como en ocurre con el Tren Interurbano México-Toluca.

Criticó que se mantenga marginadas a las constructoras por presunta corrupción o se les excluya de grandes obras de infraestructura. Estamos pagando justos por pecadores. El hecho de que pudiera haber corrupción, que no lo niego ni lo afirmo, en la contratación de un proyecto, no quiere decir que todos sean así. Si realmente la hubo, no se trata ya de no hacer proyectos, sino de corregir la corrupción y hacer que paguen los responsables de ésta, sean de la iniciativa privada o funcionarios públicos.