El apartado laboral del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá su primera prueba de fuego tras la presentación de la primera denuncia por parte de una federación de sindicatos estadunidenses contra una empresa mexicana en Tamaulipas.

El presunto incumplimiento de la reforma en la materia activará el mecanismo de respuesta rápida definido en el acuerdo, lo que puede llevar a sanciones comerciales a la maquiladora.

La denuncia fue presentada por la central obrera más grande del vecino país, la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) ante la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de esa nación.

La agrupación señaló que Tridonex, una fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, cuya matriz es la empresa Cardone, con sede en Filadelfia y controlada por el grupo canadiense Brookfield Asset Management, ha despedido a más de 600 trabajadores; además, acosa y violenta los derechos de sus empleados para impedirles renunciar a un sindicato de protección y agruparse en otro gremio.

La central obrera subrayó que probará si las reformas laborales de México y el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC pueden beneficiar a los trabajadores nacionales.

Por medio de 21 mensajes en Twitter y más tarde en un comunicado, la AFL-CIO explicó que la maquiladora en Matamoros ha impedido desde hace dos años que los obreros se integren al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (Snitis), vinculado con la abogada Susana Prieto.

El tratado comercial requiere que México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus acuerdos corruptos con empleadores, afirmó el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, pues se hostiga, intimida y golpea a los trabajadores con el consentimiento y protección del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Hace dos años, los obreros de esta empresa y de otras maquiladoras en la entidad comenzaron una huelga para exigir incremento salarial. En 2021, trabajadores señalaron que se les ha impedido separarse del Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (Sitpmem), encabezado por Jesús Mendoza Reyes.

El mecanismo de respuesta rápida da como plazo máximo al gobierno mexicano 120 días a fin de verificar la presunta irregularidad, mientras el gobierno de Estados Unidos puede solicitar la instalación de un panel de verificación.

De corroborarse las acusaciones podría sancionarse a la empresa con la imposición de aranceles o hasta el bloqueo de sus importaciones.