La Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentará en seis semanas la primera entrega del peritaje sobre el colapso en la línea 12 del Metro, e inició dos carpetas de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños. Advirtió que no pesará en sus resultados la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables.

La fiscalía, argumentó su titular, Ernestina Godoy, no se sujetará a cálculos políticos ni se sumará a condenas mediáticas o exoneraciones a modo, por lo que no se encubrirá a nadie ni se fabricarán culpables, e iremos con la investigación tope donde tope.

Por el momento no se contempla la comparecencia de algún funcionario, aunque si hay necesidad, se hará, dijo el vocero Ulises Lara ante los cuestionamientos sobre la presunta responsabilidad de los ex jefes de Gobierno Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

El plan de investigación se inició ayer con la limpieza, inspección, desmontaje, retiro y resguardo de indicios, entre ellos las cajas negras, con la presencia de un notario público y policía de investigación para la cadena de custodia y resguardo, informó María Severina Ortega López.

La coordinadora general de investigación forense y servicios periciales explicó que su objetivo es identificar las causas específicas y de raíz que llevaron al colapso de la estructura, que provocó la muerte de 26 personas y lesiones a 90, de las cuales 21 continúan hospitalizadas.

El equipo forense multidisciplinario de la fiscalía será apoyado por especialistas contratados en seguridad estructural, ingeniería civil en puentes, geotecnia y topografía fotometrista, y contará con asesoría externa del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

La investigación incluirá la revisión del proyecto ejecutivo y obras, la calidad de los materiales, las causas técnicas del siniestro y sobrecostos de la obra; asimismo, se analizará la documentación técnica, los estudios geotécnicos, de riesgo sísmico y cambios de proyecto.

Asimismo, inspecciones, reparaciones de los daños de operación y del tramo elevado, y el dictamen de la empresa francesa Systra, contratada por el gobierno capitalino en 2014 para analizar los problemas de la línea, que concluyó que los rieles, durmientes y sistemas de fijación estaban en los límites de las tolerancias permitidas por las normas internacionales.

El dictamen de la empresa alemana TÜV Rheinland, que revisó las medidas correctivas implementadas por el gobierno de la capital, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, al viaducto de la línea 12 en el sistema electromecánico, también será revisado.