e acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, en cinco o seis semanas se tendrán los primeros resultados de las investigaciones sobre el colapso de una trabe en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el 3 de mayo, a consecuencia del cual 26 personas murieron y alrededor de un centenar sufrieron heridas de distinta gravedad.

Por una parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa noruego-alemana DNV ya comenzó un análisis de causa-raíz –es decir, para conocer tanto la causa inmediata del siniestro como las fallas de origen de la obra–, y ofreció presentar un primer informe en cinco semanas, y de ser posible antes.

En el peritaje de DNV, que tendrá un costo de 20 millones de pesos, participarán 16 expertos de Alemania, España, Estados Unidos, Brasil y México, especializados en ingeniería civil, estructural, forense, electromecánica y estructuras elevadas.

Mientras, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina anunció que en seis semanas realizará la primera entrega de su investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños, y advirtió que no importará la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables.

En conferencia de prensa, la titular del organismo autónomo, Ernestina Godoy, aseguró que la FGJ no se sujetará a cálculos políticos ni se sumará a condenas mediáticas; no fabricará culpables, pero tampoco realizará exoneraciones a modo, sino que conducirá una investigación sólida y robusta para llegar a la verdad, con un enfoque de derechos humanos y articulada para la consecución de tres objetivos: garantizar el derecho a la verdad tanto a las víctimas directas e indirectas como a la sociedad en su conjunto; establecer claramente las responsabilidades penales y, no menos importante, la reparación integral del daño.

La directora de Investigación Forense y Servicios Periciales, María Severina Ortega López, informó que el peritaje de la fiscalía también será del tipo causa-raíz, y para lograr los objetivos señalados desplegará un equipo de peritos en materias de criminalística, fotografía, video, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, seguridad industrial, topografía, seguridad estructural e ingeniería civil, entre otros que se sumarán conforme avancen las investigaciones, además de contar con la asesoría del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Finalmente, para emitir su dictamen acerca del colapso en el tramo elevado de la línea 12 se hará una evaluación multidisciplinaria de todos los hallazgos con todos los peritos involucrados.

Como expusieron los funcionarios citados, el plan de trabajo para esclarecer las causas de la tragedia refleja sensatez y compromiso con sus deberes ante la ciudadanía, pero es imprescindible que los resultados entregados a lo largo de las próximas semanas y meses se encuentren a la altura de lo ofrecido.

Tanto los peritajes técnicos como los procesos administrativos penales que de ellos pudieran derivarse deberán privilegiar la búsqueda de verdad y justicia, sin sesgos partidistas, orientaciones políticas ni aquiescencia entre autoridades y sin otro interés que el de sancionar hechos que provocaron muertes y un tremendo dolor, y prevenir que se repita un fallo tan catastrófico en los servicios urbanos.

En este trance, las autoridades han de tener claro que el costo de la verdad puede resultar sumamente elevado en la coyuntura actual, pero siempre será menor al costo del ocultamiento.