Durante la audiencia en que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, estableció que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se sostienen, ya que participó en una asociación delictuosa junto con (el ex presidente) Enrique Peña Nieto, (el ex secretario de Hacienda) Luis Videgaray, (los ex senadores) Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas.

Estas expresiones están relacionadas con la entrega de alrededor de 100 millones de pesos a legisladores para que aprobaran diversas modificaciones en materia energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se presentaron a lo largo de las audiencias realizadas en abril pasado en el Reclusorio Norte, durante las cuales se dictó vinculación a proceso al ex senador Lavalle Maury. La Jornada tuvo acceso a la grabación de las diligencias.

Tras escuchar a la defensa de Lavalle y a los representantes de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, el juez Fuerte Tapia señaló que los mismos indicios permiten establecer la comisión del tipo penal de cohecho, y para ello refirió que Lavalle, en específico, en su calidad de senador de la República en el periodo comprendido de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió de Emilio Ricardo Lozoya Austin recursos (provenientes) de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, por lo menos la cantidad de 97 millones 197 mil pesos.

Asimismo, sostuvo que las evidencias de la Fiscalía demuestran que el dinero al que alude, que provino del ex mandatario y el ex secretario de Hacienda, se hizo llegar a Emilio Lozoya y éste, siendo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), envió los recursos en efectivo que fueron entregados a Rafael Jesús Caraveo Opengo; éste, a su vez, llevó a cabo diversas entregas, tanto en domicilios ubicados en Paseo de la Reforma que se ubican en contraesquina del Senado, como en otro inmueble localizado en el número 425 de la calle Montes Urales, colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El impartidor de justicia refirió que Lavalle Maury “y esos senadores que han sido señalados promovieron y dieron su voto a favor de la iniciativa de la ley referente a la reforma constitucional en materia energética, y las correspondientes leyes secundarias.

A la par que tuvieron un beneficio, no de los intereses que representaban, sino del interés económico y de carácter personal, recursos que fueron entregados de manera gradual, según avanzaban los proyectos y dictámenes, y que le fueron entregados a la persona enviada para tal efecto al ahora imputado, a través de diversos funcionarios de Pemex, atendiendo a las instrucciones recibidas por Emilio Ricardo Lozoya Austin por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso.

Fuerte Tapia explicó que, de acuerdo con las constancias, los recursos que fueron entregados a Jorge Luis Lavalle Maury provenían de las actividades ilícitas de la empresa brasileña Norberto Odebrecht y de recursos federales, según el señalamiento directo de Emilio Lozoya Austin, en el sentido de que tres o más personas de manera dolosa formaron parte de una asociación con el propósito de delinquir.

Lo que se advierte con su manifestación (de Lozoya Austin), en el sentido en que el imputado, como David Penchyna, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros, acudieron de manera conjunta y por separado con él, es decir, con Emilio Lozoya, a fin de que se viera lo de los recursos que fueron enviados por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, con el fin de que llevaran a cabo actos tendientes a promover y aprobar la reforma energética.

Y añadió: dichos legisladores recibieron los recursos a través de interpósitas personas, entre las que destaca Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien acudió a recibir dichos recursos por instrucciones del ahora justiciable (Lavalle Maury).