Por falta de consulta entre comunidades indígenas y de personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó parcialmente la Ley de Educación de Zacatecas y la totalidad de la Ley para la Inclusión de Jalisco. En el primer caso, se anularon sólo ocho artículos de la ley, pero en Jalisco fue el total de la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Los ministros dieron a los poderes legislativos locales 18 meses para que convoquen a consultas y emitan nuevas normas con base en la opinión de las comunidades directamente afectadas por las leyes impugnadas.