Las empresas importadoras, comercializadoras y expendedoras de combustibles continúan operando bajo las leyes del mercado con las normas establecidas en la Ley de Hidrocarburos de 2014, emanada de la reforma energética impulsada durante la pasada administración, señalaron especialistas en materia energética. Lo anterior, después de que dos jueces de distrito dictaron la suspensión definitiva de la nueva Ley de Hidrocarburos, la cual fue avalada por el Congreso, por lo que la decisión final se tendrá que tomar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como publicó este martes La Jornada.

Arturo Carranza experto en el ámbito energético, señaló que con estas suspensiones se mantiene vigente la ley anterior, que data del 11 de agosto de 2014, promulgada durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en el proceso jurídico llama la atención que la suspensión se haya dado de manera generalizada para todos los actores de la industria y no exclusivamente para los promotores de los amparos, situación que generará una futura controversia.

Alejandro Montufar Helu, especialista de la firma de consultoría PetroIntelligence, recordó que este proceso tiene como antecedente lo que ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Primero hubo amparos y se consiguió una suspensión provisional y luego indefinida y de ahí a la SCJN y ésta revirtió la suspensión con efectos generales.

Por otro lado, al referirse al número de amparos promovidos por las empresas inconformes indicó que es mínimo si se considera que en todo el sector hidrocarburos hay un universo de más de 30 mil empresas, entre gasolineros, transportistas, distribuidores de gas LP, comercializadores e importadores, sin embargo no hay 30 mil amparos.

Los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa, es decir, de los de más bajo rango en la escala del Poder Judicial, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, otorgaron a seis compañías las primeras suspensiones definitivas con efectos generales contra de la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 4 de mayo.

Alejandro Montufar, aclaró que todavía faltan etapas en las que se podrían amparar nuevas empresas después de que recibieran un oficio de aviso por parte de las autoridades regulatorias.

Arturo Carranza dijo que con este fallo los permisos que habían sido suspendidos o revocados por las autoridades quedan sin efecto.

El viernes pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), había cancelado 139 permisos. De ese total, 125 correspondían a la comercialización de gasolinas, diésel y turbosina, entre otros hidrocarburos, mientras otros 14 corresponden a gas natural, condensados y demás derivados.