El actual proceso electoral es el más violento desde 2000, ya que se han perpetrado 563 agresiones contra políticos y aspirantes a cargos de elección popular, con saldo de 83 personas asesinadas, incluyendo 32 candidatos, advirtió la coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos.

Ante ese recrudecimiento de la violencia, adelantó que hoy presentará ante la Comisión Permanente, un llamado a la Secretaría de Gobernación y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fin de fortalecer el mecanismo de protección de abanderados y garantizar su seguridad en lo que resta de la contienda. Lamentablemente, dijo, en 65 por ciento del territorio nacional ha ocurrido al menos un homicidio político.

Destacó que confía en que la Permanente apruebe asimismo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para acelerar las investigaciones sobre los asesinatos de candidatos y deslindar responsabilidades en cada caso.

Recordó que el más reciente se perpetró el día 13, cuando Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, fue ultimado a balazos mientras repartía volantes para su campaña.

En el punto de acuerdo que presentará ante el órgano del Congreso, subrayó también que los actos de intimidación y maltrato físico o verbal representan la tercera agresión más recurrente cometida por militantes de partidos y grupos de choque contra candidatos opositores y de sus colaboradores.

La senadora Bañuelos advirtió que esos homicidios son extremadamente lamentables y representan una amenaza a la democracia, la pluralidad y la diversidad en cualquier estado democrático.

La violencia, insistió, es un elemento inadmisible en la lucha por el acceso a los puestos de representación popular, por lo que es necesario condenar estos hechos en todo momento.