Madrid. Peré Aragonés, independentista catalán de 38 años, militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fue investido como nuevo presidente del gobierno autonómico de Cataluña.

Con formación en derecho y economía, considerado el delfín del histórico dirigente de ERC Oriol Junqueras, que cumple condena en la cárcel, Aragonés enarboló de nuevo el discurso de la independencia y abogó por forzar al Estado español a la celebración de un referendo de autodeterminación para la construcción de la nueva república catalana.

Más de tres meses después de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, en las que el bloque separatista logró por primera vez superar la barrera de 50 por ciento de los votos, aunque con una abstención de más de 35 por ciento, finalmente los tres partidos independentistas lograron un acuerdo con lo que evitaron tener que convocar a nuevas elecciones.

Aragonés finalmente consiguió el respaldo de la mayoría de la Cámara, con el apoyo de su partido, ERC (33 diputados), los Junts per Catalunya (JxCat), que representa al nacionalismo conservador y de derechas, con 32 escaños, y, finalmente, la Candidatura de Unitat Popular (CUP), formación anticapitalista y radical con nueve escaños en el Parlamento. Así, la investidura de Aragonés sumó 74 votos a favor frente a los sufragios en contra del resto de los grupos parlamentarios: los 33 del Partido Socialista de Cataluña (PSC), los 11 del partido de extrema derecha españolista Vox, los ocho de la marca electoral de Unidas Podemos (UP) en la región, los seis de Ciutadans y, finalmente, los tres del Partido Popular (PP).

En su discurso, Aragonés abogó por forzar al Estado español a asumir la urgencia de convocar un referendo de autodeterminación que abra las puertas a un nuevo Estado europeo, la República de Cataluña, de acuerdo con la hoja de ruta planteada por el movimiento separatista, que promueve una lucha frontal como la de 2017, que culminó con una declaración unilateral de independencia fallida, pues el gobierno español la anuló para luego perseguir a sus líderes, quienes huyeron del país o cumplen condenas de prisión.

El acuerdo de gobierno sólo involucra a ERC y JxCAT, una vez que la CUP sólo presta su apoyo parlamentario y condicionó a la velocidad en la que avance la hoja de ruta para la separación del Estado español y que también dependerá de sus medidas para expulsar de Cataluña a las fuerzas del orden policial españolas.