l Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante las Pandemias, establecido por la resolución 73.1 (may 20) de la Asamblea Mundial de la Salud, presentó este mes el informe Covid-19: hagamos que sea la última pandemia. Se trata, me parece, del documento más autorizado y completo de los muy numerosos dedicados a evaluar lo ocurrido y a proponer políticas y acciones en el ámbito de la salud y otras políticas públicas, que permitan aproximar la realidad a la promesa desmedida que encapsula su título. Es un documento de extensión manejable, no alcanza 100 páginas, con un ilustrativo resumen de apenas siete fojas. Ambos documentos pueden leerse en https://theindependentpanel.org/ (hacia finales de mayo, en español sólo aparecía el resumen). El panel ha sido copresidido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente de Liberia, y compuesto por otros 11 integrantes que aportan una combinación de conocimientos y calificaciones en enfermedades infecciosas, brotes y emergencias; políticas nacionales y globales de salud y financieras, economía, causas de los jóvenes y bienestar de niñas y mujeres.

Como una cadena de omisiones e insuficiencias se califica a las reacciones de gobiernos e instituciones a las primeras manifestaciones de una pandemia de alcance global y evidente gravedad. “La prevención careció de consistencia y de la financiación necesaria. El sistema de alerta fue demasiado lento –y endeble–. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tuvo suficiente poder. La respuesta ha acentuado las desigualdades. Faltó liderazgo político a escala mundial.” Esta desoladora lista de falencias no se había reunido y reconocido con tan meridiana claridad.

A principios de 2020, demasiados países optaron por esperar y ver qué pasaba en lugar de establecer una estrategia de contención agresiva. El resultado fue la imposibilidad de evitar que la pandemia se propagase por el mundo. Ni los sistemas nacionales ni los internacionales consiguieron satisfacer las demandas iniciales y urgentes de suministros. Al menosprecio de la ciencia en la toma de decisiones –subrayado enfáticamente por el panel– se sumó un respeto constante e invariable a la lógica y operación de los mercados. Los dictados de éstos y de las ganancias privadas se impusieron a la preeminencia debida del interés público y de los imperativos sociales. Esta última conclusión sólo aparece entre líneas en el documento del panel, sin llegar a formularse de manera explícita.

La falta de planificación y las deficiencias en materia de protección social han hecho que la pandemia amplíe las desigualdades, con una repercusión socioeconómica desproporcionada sobre las mujeres y las poblaciones vulnerables y marginadas, incluyendo a los migrantes y los trabajadores del sector informal. Los efectos sobre las personas con problemas de salud subyacentes se han visto agravados. Asciende a millones la cantidad de niños más desfavorecidos que han tenido que abandonar sus estudios de forma anticipada por la pandemia. Tras su primer año, la pandemia y la forma en que se le hizo frente han arrojado un mundo más desigual; han acentuado las desventajas de los grupos vulnerables, por género, etnia o posición laboral; han detenido y disminuido los avances conseguidos en el combate de otras enfermedades y han afectado el futuro, al impactar negativamente la educación en todos sus grados.

La urgencia inmediata, reconocida por el panel, es acabar con la pandemia. Para ello se requiere que los países de ingresos altos se comprometan a suministrar vacunas, a través de canales multilaterales como Covax, “a los 92 países de ingresos bajos y medianos […] al menos mil millones de dosis al 1º de septiembre de 2021 a más tardar y más de 2 mil millones de dosis para mediados de 2022”. Se requiere, además:

[Un] acuerdo sobre la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología [sobre] las vacunas, en cuya ausencia y tras un plazo de tres meses, debe entrar en vigor de forma inmediata una renuncia a los derechos de propiedad intelectual en términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC.

Los 19 mil millones de dólares que se estima necesarios para vacunas, medios de diagnóstico, tratamientos y fortalecimientos de los sistemas de salud deberán ser movilizados, en 60 por ciento, por el G7 y el resto por otros miembros del G20 y otros países de ingresos altos, junto con la aprobación de una fórmula basada en la capacidad de pago para financiar dichos bienes públicos universales de manera continuada.

Las siete recomendaciones puntuales del panel para garantizar que un futuro brote no se convierta en pandemia se expondrán y analizarán en la siguiente nota, en dos semanas.

Mauricio de Maria y Campos (1943-2021)

In memoriam