Acapulco, Gro., La asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos denunció que no existe interés de los candidatos a la gubernatura de Guerrero en escuchar a las víctimas de desaparición forzada.

Las estrategias para reducir las desapariciones y atender a las víctimas son parte central del trabajo de construcción de la paz en Guerrero, expuso el colectivo en rueda de prensa, y recalcó la necesidad de coordinación entre familias de las víctimas y autoridades para atender dicha emergencia.

Esta acción, dijeron, implica garantizar la verdad y justicia para las familias, así como enfocar esfuerzos en la prevención para que no haya más víctimas de desaparición.

La asociación, integrada por 280 familias que buscan a sus desaparecidos, recordó que en Guerrero hay más de 3 mil 503 personas ausentes desde 1964 al 26 de mayo de 2021.

La portavoz de la asociación, Emma Mora Liberato, explicó que recientemente familias con personas no localizadas tuvieron la iniciativa de realizar un foro con los ocho candidatos a gobernador.

El propósito del encuentro sería dar a conocer los avances logrados sobre el tema de desaparición en la actual administración y los asuntos que quedarán pendientes en la agenda estatal.

Desafortunadamente, expuso Mora Liberato, no hubo respuesta favorable de los convocados. De ocho, sólo dos aspirantes confirmaron su asistencia: Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano, y Mario Moreno, de la coalición PRI-PRD. Éste fue el único que acudió al encuentro.

Mora Liberato manifestó que estamos abiertos a escuchar las propuestas de los candidatos, a sentarnos con ellos y que ellos conozcan nuestros planteamientos.

Enfatizó que el trabajo de nuestro colectivo y otras organizaciones de víctimas es subsidiario ante las omisiones de las autoridades; es decir, por la falta de atención y eficacia de las instituciones hemos tomado la investigación y la búsqueda de nuestros familiares en nuestras manos y con nuestros recursos.

Entre sus propuestas, indicó, se encuentran la creación de políticas públicas para víctimas de la violencia, como la instauración de ventanillas exclusivas de atención; capacitación para personas que tengan trato directo con víctimas y sus familiares, como policías, agentes del Ministerio Público, secretarias, personal ministerial, peritos, antropólogos, sicólogos y tanatólogos, así como personal del Servicio Médico Forense.