evisando la Cuenta Pública 2019 de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó uno de sus problemas estructurales: los déficits pensionarios. ¿A qué actuarios contrató para llegar a tal identificación?

Los actuarios documentaron que, salvo Michoacán/Morelos, así como Baja California Sur/CDMX/Quintana Roo que no presentaron evaluación (por disponer de convenios con el Issste), casi todas las restantes arrastran déficits que suman 1.6 billones de pesos, correspondientes a cerca de un millón de trabajadores asegurados.

Desde 2016 la ley de disciplina financiera de estados y municipios establece que los entes públicos de gobiernos subnacionales deben realizar estudios actuariales pensionarios, actualizables cada tres años.

Los actuarios contratados por la ASF establecieron que en 2019 Edomex presentaba un déficit por 535 mil millones de pesos (MP), seguido de Jalisco, con 260 mil MP; Veracruz, 150 mil MP; Chiapas, 138 mil MP, y Chihuahua, 130 mil MP.

Y ¿cuál es su solución? Siguiendo la receta neoliberal y escudándose en la presión sobre el gasto de las pensiones, proponen homogeneizar los sistemas, introduciendo –en todos– capitalización individual (Afore) para que cada trabajador tenga cuenta individual complementaria. Además, aumentar su tasa de cotización y su edad de retiro a 65 años. También reducir beneficios excesivos y promover el ahorro voluntario. Todo lo cual requiere modificaciones legislativas que consoliden la reforma financiera pensionaria ( El Financiero, 21/2/21).

Justo lo que fracasó como política impuesta por las Afore para pagar mejores pensiones durante los últimos 24 años, pero que, ahora, se recomienda en plena 4T. ¿Quién es el revisor final, en la ASF, de semejantes recomendaciones? Esos actuarios contribuyen sólidamente a la prevalencia de la política neoliberal pensionaria y, sobre todo, a preservar su mercado de servicios con el soporte económico de la misma ASF.

Sin lugar a dudas, las pensiones estatales representan un gran desafío nacional. Pero su atención reclama un diagnóstico diferente al que propalan las soluciones del mercado actuarial anidado en la ASF. ¿Tomará cartas en ello la 4T antes de que culmine el sexenio?

Otro hallazgo de esos actuarios ocurrió en la revisión de la Cuenta Pública 2018. En su opinión los jubilados que perciben pensión de un organismo público no deberían recibir otro tipo de apoyo. Porque sucedió, durante el último año de gobierno de Peña Nieto, que se efectuaron pagos –no establecidos en las reglas de operación– a casi 25 mil beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores –por mil 92 pesos bimestrales– que ya disponían de pensión contributiva en IMSS-Issste-Pemex-Issfam. Los recursos sumaron 107 MP (El Economista 24/2/20).

Y, también para la Cuenta Pública de 2018, los mismos actuarios aseguraron haber revisado 69 esquemas de beneficio definido en pensiones descubriendo que afectan al IMSS-Issste-Pemex-CFE-universidades públicas y fuerzas armadas con obligaciones que suman 17 billones de pesos: 72 por ciento del PIB. ¿Y qué concluyeron? Que esos esquemas no son financieramente sustentables y son un factor de vulnerabilidad para las finanzas públicas. Porque, enfatizan, las aportaciones no corresponden con el monto de la pensión otorgada. Además no se ha estimado el pasivo laboral de los cotizantes al IMSS que se pensionarán por la llamada Ley 1973.

¿Y qué recomiendan? Aunque se han implementado acciones para disminuir el déficit actuarial mediante el cambio del régimen de beneficio definido a cuentas individuales (Afore), reconocen, las causas que generan el problema aún no han sido atendidas. Por tanto, es urgente la homogeneización de un sistema mediante el cual debe orientarse a regular las condiciones de financiamiento de los esquemas y que las instituciones prevean y fomenten una situación financiera sustentable.

El impacto de las recomendaciones de esos actuarios en la visión de las ASF es claro. Según su revisión de la Cuenta Pública 2018, de los 23 millones de la PEA con acceso a una pensión, sólo 34 por ciento, menos de 8 millones, pertenecían al régimen de beneficio definido. En el periodo 2013-2018 ese régimen disminuyó 2.1 por ciento en promedio anual a consecuencia de las reformas pensionarias privatizadoras recomendadas por ellos ( El Economista, 5/11/19).

Ese es también el caso de los actuarios que contrata la Anuies para el también comprometido expediente de las pensiones universitarias y que, como la ASF, terminan promoviendo recomendaciones que contribuyen a la prevalencia de la política neoliberal pensionaria y a preservar su mercado de servicios en la Anuies. ¿Tomará cartas en la materia la 4T antes de que culmine el sexenio?

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco