esde el regreso de la democracia en Brasil, en 1985 y luego de 21 años de dictadura militar, el ejército no vivía periodos de tensión interna tan fuertes como los que enfrenta bajo la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro.

En las elecciones presidenciales de 2018, los militares se posicionaron claramente al lado del ultraderechista. Hubo inclusive una intervención clarísima, cuando el entonces comandante del ejército presionó directamente a integrantes del Supremo Tribunal Federal en vísperas de que se analizase un pedido de habeas corpus promovido por el ex presidente Lula da Silva, flanco favorito para evitar ser preso.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Brasil se sometieron a la presión, y el resto es historia.

Hay al menos 6 mil uniformados, entre reformados y activos, esparcidos por el gobierno. Con eso, agregan a sus sueldos los beneficios de pagos suplementarios y todos felices. De los actuales 22 ministros, nueve son militares retirados. Desde la dictadura nunca hubo tal proporción. Hasta la jefatura de la Casa Civil, que coordina el gobierno, tiene a la cabeza un general retirado.

Pese a toda esa generosidad con los uniformados, el ultraderechista no logró lo que más aspira: una alianza con los altos mandos del ejército. Todos sus esfuerzos para politizar a los comandantes fracasaron. Peor: haber mantenido a un general activo, Eduardo Pazuello, al frente del Ministerio de Salud, en una gestión tenebrosa, provocó inmenso malestar en el ejército, por el riesgo de verse confundido con la política que provocó el genocidio vivido por Brasil.

Irritado por actitudes de generales activos con puestos de mando que se rehusaron a salir en público para defender la política que impuso durante la pandemia, Bolsonaro alejó abruptamente a su entonces ministro de Defensa, general retirado Fernando Azevedo e Silva, quien se negó a presionar a los comandantes activos para que defendiesen su política de salud.

Los tres comandantes renunciaron de inmediato, pero el presidente determinó cesar al nuevo ministro de Defensa, un general retirado absolutamente alineado, una medida de humillación pública.

Desde 1977, en plena dictadura, no ocurría una crisis de tal contundencia en los altos mandos.

Nada, sin embargo, llegó al nivel de tensión experimentado desde el pasado lunes, con, una vez más, el mismo Pazuello como centro del huracán.

Por normas y reglamentos internos, es absolutamente vedado a militares activos participar en actos de carácter político. Y el sábado anterior fue precisamente lo que hizo Pazuello: se unió a un desfile de motos encabezado por Jair Bolsonaro, y al cierre del acto subió a la tarima para, al lado del presidente, dirigirse al público.

Al día siguiente, y luego de consultar a los integrantes del alto mando del ejército, su comandante, general Paulo Sergio Nogueira, anunció –tal y como determina expresamente el reglamento del ejército– la apertura de una investigación sobre la actitud de Pazuello.

El castigo previsto va de advertencia a 30 días de prisión.

Empezó entonces un estirón de cuerdas entre el ultraderechista y el alto mando del ejército. Si el comandante Nogueira no avanza con lo que determina expresamente el reglamento interno, se desmoraliza. El enfrentamiento con Bolsonaro podrá llegar a consecuencias tremendas.

La conclusión será publicada en los próximos días. La tendencia de Bolsonaro es seguir estirando la soga. La de los comandantes del ejército, encontrar un término medio: un castigo claro, pero no extremo, bajo el compromiso de Pazuello de, finalmente, pasar a retiro.

La tensión, en todo caso, seguirá creciendo. Bolsonaro insiste en llamar a las tropas de “mi ejército’ cuando amenaza movilizar fuerzas para impedir que gobernadores y alcaldes impongan medidas de aislamiento y restricción de tránsito, mientras la pandemia se mantenga en su nivel más elevado. Es palpable el malestar que la expresión provoca en los casernas (cuarteles).

Entre ingresar a la academia militar y salir expulsado luego de una secuencia formidable de actos de indisciplina, que le valieron inclusive prisiones, Jair Bolsonaro pasó en el ejército casi 15 años.

Entre su elección como concejal y luego sus cuatro mandatos como diputado nacional, pasaron 30. Como presidente, lleva dos años y medio. Es decir, como político profesional tiene más del doble de tiempo que como militar.

Sin embargo, insiste en recordar su condición de uniformado. Y sobran indicios de que es precisamente ese el punto que más molesta a los actuales altos mandos del ejército: ser identificados con el peor y más absurdo gobierno de la historia brasileña.