El llamado bloque opositor en el Senado presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 transitorio de la ley reglamentaria de la reforma judicial, que amplía dos años la gestión de Arturo Zaldívar como presidente del máximo tribunal del país.

Firmaron el recurso las bancadas de PAN, PRI, MC y PRD, en el que solicitan declarar inconstitucional ese artículo, aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras en abril y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado día 7.

En el documento, los legisladores de oposición sostienen que el polémico artículo 13 transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite la ampliación de mandata de Zaldívar, fue resultado de un proceso que vulneró el derecho a la participación de las minorías parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad, deliberación informada y discusión pública en el ejercicio de la función legislativa.

Por ello, piden al máximo tribunal que la acción de inconstitucionalidad se resuelva de manera preferente o durante la misma sesión en que discuta el tema, con la finalidad de garantizar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda los argumentos puestos a su consideración por los senadores firmantes, como parte legitimada para cuestionar la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio.

Argumentan que la prórroga en el ejercicio del mandato del presidente de la SCJN y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal atenta directamente contra las reglas de la duración de estos cargos establecidas en los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Panistas, priístas, perredistas y emecistas señalan asimismo que “prorrogar la duración en el ejercicio de Zaldívar y los miembros del Consejo de la Judicatura atenta directamente contra el principio de división de poderes sobre el que se encuentra construido nuestro sistema constitucional.

Asimismo, advierten que exceder la duración establecida por la Carta Magna respecto al ejercicio de estos cargos impacta la independencia y autonomía judicial, eje central de cualquier estado de derecho democrático.