La actual crisis del agua hace indispensable la aprobación de la Ley General de Aguas, no se puede enfrentar una situación tan severa con instrumentos del siglo pasado. La Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde la década de los 90, no sólo es obsoleta, sino que es un obstáculo para la solución de la sed, la necesidad de salud y soberanía alimentarias, sostuvo Pedro Moctezuma, del programa de investigación para la Sustentabilidad de la UAM e integrante de la Coordinadora Agua para Todos.

Explicó que ya hay una iniciativa consensuada de la Ley General de Aguas, lo único que se requiere es voluntad política para aprobarla. Ésta es una tarea pendiente de la actual legislatura, que ya conoce el tema, y se pedirá sensibilidad hacia la urgencia nacional, manifestó. Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, dijo a La Jornada que se requiere una nueva consulta sobre la legislación.

Para concretar la emisión de la Ley General de Aguas, que garantice el derecho humano al líquido, se buscará que la Cámara de Diputados realice un periodo extraordinario. Hay urgencia por la ley, 41 millones de mexicanos carecen de acceso regular al recurso, sostuvo.

Indicó que hay clínicas rurales sin agua, se genera un ambiente poco propicio para prevenir nuevos contagios. Recordó que con la actual legislatura se hizo un trabajo de concientización profundo y hubo problemas que tuvieron que ver con un liderazgo de cara a intereses de un pequeño grupo, la desatención al tema del agua pegó a muchos legisladores en sus distritos.

Explicó que la crisis actual del líquido se debe, en primer lugar, a la aprobación en 1992 de una LAN que sustituyó derechos ancestrales y una gestión del agua basada en soberanía nacional, por una que abrió el agua al mercado, con exceso de concesiones y sobrexplotación. Carece de herramientas para regular y tomar medidas ante los excesos que ha generado.

Tampoco se favoreció la inspección, le dio la espalda a la participación ciudadana, “generó una pirámide monstruosa donde una minoría, 2 por ciento de los concesionarios, controlan 70 por ciento del volumen de agua. Ha ocasionado distorsiones como la extracción masiva en el norte semidesértico para la agroexportación y bebidas de exportación, como las plantas cerveceras, así como el avance del fracking que quiebra acuíferos y contamina aguas superficiales”.