En la Ciudad de México no se permitirá que haya desalojos de viviendas con el uso de la fuerza, por lo que habrá cero tolerancia a la violencia, advirtió José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno, quien adelantó que a partir del próximo martes presidirá mesas de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin intervenir en su autonomía, con el fin de verificar las órdenes judiciales que se emitan.

Luego de que en menos de una semana se registraran tres desocupaciones en las que predominaron las agresiones contra habitantes y su menaje en inmuebles ubicados en colonias de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el funcionario lamentó el uso de la fuerza al mencionar que por medio de las diferentes dependencias del gobierno se apoya a las familias afectadas con la reparación de tuberías, puertas, y paredes, como ocurrió en el caso del edificio ubicado en la esquina de Morena y Petén.

En ese lugar, los residentes denunciaron que un centenar de personas entró al edificio y destrozó con mazos y martillos paredes, lavaderos y tuberías de agua para que desalojaran las viviendas, sin mostrar una orden judicial, al tiempo que en la madrugada los habitantes de un predio en La Merced también fueron sorprendidos por otro grupo que sólo sacó sus pertenencias a la calle.

El gobierno de Claudia Shein- baum no va a aceptar desalojos violentos, eso que quede claro a quienes son o quienes se ostentan como legítimos propietarios de un predio. La presencia de la policía no es para que los mecapaleros y golpeadores que contratan estas personas pueden actuar impunemente en contra de la población vulnerable.

El funcionario recordó que por la emergencia sanitaria el gobierno capitalino busca que no haya desalojos, por lo que ofrece mesas de conciliación y de negociación, además de que las personas pueden acceder a programas de apoyo para el pago de renta.

En entrevista, indicó que llama la atención el caso del predio ubicado en San Pablo 68, donde se pretendió desalojar a 57 familias, pero tras la intervención de las autoridades se permitió que la gente regresara a las viviendas la tarde del jueves.

Suárez del Real expuso que en dicho predio existe un proyecto para expropiar o empezar un proceso de adjudicación con miras a construir casas de interés social por medio del Instituto de Vivienda.

Indicó que los jueces actúan de buena fe, pero que en el caso del predio de La Merced, ante la posibilidad de que se haya incurrido en un despojo y no de desalojo, por lo que se acordó con el TSJ empezar las mesas de trabajo para que se eviten abusos.