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Apremian diputados del PRI a legislar sobre mariguana
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2021, p. 10

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados planteó que el Congreso de la Unión atienda con urgencia el nuevo exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en materia del consumo lúdico de la mariguana.

Con la decisión de los ministros, de invalidar artículos de la Ley General de Salud, no hay criterios ni lineamientos claros para una política que permita el consumo con fines recreativos, indicó el tricolor.

Recordó que, en marzo, la falta de acuerdos entre las bancadas derivó, por segunda vez, en cambios al proyecto del Senado, por lo que se generó un vacío legal que impidió validar el uso lúdico del cannabis.

En marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley federal de regulación del cannabis para permitir únicamente a las personas el uso hasta de 28 gramos de mariguana, pero a partir de ese peso introdujo una serie de multas y sanciones que, según los propios legisladores, complicarían la aplicación de las reglas.

Gramajes y penalizaciones

Durante la discusión de la ley, Morena introdujo cambios para establecer penas por posesión de mariguana sin permiso, aun cuando la oposición cuestionó que la redacción para penalizar el consumo de la yerba a partir de los 29 gramos estaba mal hecha.

Como parte del debate, la oposición dijo que en ese caso incluso habría que dotar a los policías de básculas para determinar qué persona rebasaba el máximo permitido de posesión de mariguana.

Las modificaciones, no obstante, mantenían la posesión hasta de 28 gramos de mariguana. A partir de 29 y hasta 200 gramos se consideraba falta administrativa y se previó una sanción con una multa y arresto.

A partir de 201 gramos y hasta cinco kilogramos se planteó, además de multas, prisión de 10 meses a cuatro años, y a partir cinco kilogramos se consideraría narcotráfico.

Ayer, la bancada priísta recordó que en aquel debate votó en contra del dictamen, porque seguía criminalizando a los consumidores, fomentaba el mercado negro y no se beneficiaba a productores y campesinos mexicanos.