La demanda de acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se quedó demasiado corta frente a las violaciones a los derechos de las víctimas, coincidieron las organizaciones Fundación para la Justicia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), integrantes del Colectivo contra la Impunidemia.

Señalaron que a pesar de la ­reunión que sostuvo este colectivo con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y los recursos que le hicieron llegar antes de que promoviera dicha acción de inconstitucionalidad, éstos no fueron atendidos plenamente.

Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia, expuso que si bien la CNDH entra al tema de la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, no ahonda en cómo perjudica el hecho de que no participe de manera activa en las obligaciones más puntuales que tiene en cuestiones de búsqueda y sólo se queda en el tema de autonomía.

Añadió que tampoco habla de los contrapesos que se requieren al interior, no entra al tema del modelo de investigación; nos parece que tanto éste como el de organización de la FGR son fundamentales para combatir la impunidad, ni trata la limitación que hay en los derechos de las víctimas a participar en una situación de mayor horizontalidad en las diligencias, en un trabajo conjunto con los fiscales, en el tema de la atracción de los casos.

Lucía Chávez Vargas, subdirectora de análisis y estrategia de la Cmdpdh, manifestó en entrevista que están decepcionadas de que el acuerdo no se cumplió.

Explicó que las principales preocupaciones que se le expresaron a la CNDH fueron en torno a la violación a los derechos de las víctimas, particularmente porque la ley rompe con el principio de progresividad, por ejemplo, en materia de investigaciones de fenómenos criminales, de facultad de atracción y de actuación de este mal entendimiento que tiene la FGR sobre su autonomía, que pareciera que ésta les permite cumplir o no con mandatos constitucionales, lo cual no debe ser así.