Corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar una carpeta de investigación y determinar si judicializa o no al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, por haber incurrido en desacato a una sentencia de amparo que ordenaba la entrega de medicamentos oncológicos en todo el país y particularmente a un hospital en Chiapas.

Esto, luego de que un tribunal ordenó que denunciara a ambos funcionarios ante el Ministerio Público Federal y se les sancionara por no acatar la orden judicial.

A este respecto, funcionarios federales señalaron que en este caso el Ministerio Público Federal podría declarar el no ejercicio de la acción penal, al considerar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó el pasado 14 de julio a padres de niños con cáncer la llegada al país de 12 claves de fármacos oncológicos.

Asimismo, refirieron que desde el pasado 12 de julio el organismo emitió órdenes de suministro a 28 entidades que solicitaron medicamentos para tratamientos contra el cáncer.

Más aún, explicaron que representantes del Insabi han sostenido seis reuniones con organizaciones de padres de niños con cáncer de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, estado de México, Ciudad de México y Yucatán, y también se ha informado a organizaciones civiles integradas por médicos, a las que proporcionaron copias de las órdenes de suministro emitidas de enero al 9 de julio pasado para la adquisición de los medicamentos oncológicos realizada por el Insabi y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

La denuncia contra el titular de Salud y el ex secretario de Hacienda surgió de la resolución del juicio de amparo 579/2020, promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y 10 quejas presentadas por el incumplimiento en el abasto de medicinas, que también afectó al Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un juez federal otorgó el amparo y protección de la justicia federal, a fin de que las autoridades responsables realizaran programas de suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a sus agremiados para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil. Un tribunal de la Ciudad de México ratificó la medida.