La Secretaría de Bienestar (SB) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual se cambiaron las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para que dicho esquema beneficie a todas las personas que vivan con algún impedimento de este tipo, y no sólo a los menores de edad.

Tomando en consideración que las personas con discapacidad enfrentan condiciones de escasos ingresos económicos y limitado acceso a los sistemas de protección social y de salud, las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2021 se modifican con la finalidad de enfocar los esfuerzos del programa en la atención de la población de personas con discapacidad hasta de 64 años de edad, indicó el texto.

A partir de los 65 años de edad, añadió el acuerdo, las personas que viven con alguna discapacidad podrán acceder a los beneficios que otorga el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al justificar el cambio, la SB apuntó que actualmente, los paradigmas sociales, culturales y económicos dominantes generan un importante rechazo hacia las personas con discapacidad, generando barreras en todas las esferas de la vida cotidiana de las personas que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos y su participación en la sociedad.

Por lo anterior, el cambio en las reglas de operación del esquema establece ya de manera oficial que se otorgará un apoyo económico mensual de mil 350 pesos, a entregarse de forma bimestral, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a 29 años cumplidos, así como a las personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años.

Asimismo, se entregará un pago único de mil 350 pesos al adulto auxiliar de la persona derechohabiente cuando ésta fallezca.

La ampliación del rango de edad para acceder al programa ya había sido anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de julio, cuando señaló que la intención era universalizar la pensión e incluir en este esquema a unas 6 millones de personas más, siempre y cuando los gobiernos estatales aportaran 50 por ciento de los recursos que este proyecto implicaría.

Fuentes cercanas al tema explicaron a este periódico que la publicación de ayer en el Diario Oficial únicamente formaliza que las reglas de operación ya cambiaron, pero no necesariamente que los recursos se empezarán a entregar a los beneficiarios pronto, lo que abriría un margen para que el proceso de negociación entre el Ejecutivo federal y los estatales continúe en estas semanas.