De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupa el cuarto lugar a escala nacional en feminicidios; sin embargo no se contabilizan el total de asesinatos de mujeres víctimas de homicidio doloso, aseguraron integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), capítulo Jalisco.

Citlalli del Carmen Santoyo Ramos, integrante de CLADEM Jalisco, indicó que con base en los datos obtenidos por la agrupación en dicho estado, la violencia contra mujeres ha aumentado, y para frenar esta tendencia se requieren políticas públicas eficientes que las prevengan, sancionen y erradiquen. Lo que hace un municipio está desvinculado de los demás municipios o del gobierno estatal o federal. En los tres niveles de gobierno no hay vinculación y no hay coordinación, advirtió.

En el encuentro Calidad de la democracia más allá de las urnas, que tiene como objetivo fortalecer la participación de las mujeres en el combate a la violencia a través de una metodología impartida por la organización civil Controla Tu Gobierno, sostuvo que acuerdo con la fiscalía estatal, la cantidad total de feminicidios, homicidios dolosos y parricidios aumentó hacia el final de la década pasada.

Así, mientras en 2011 se registraron 110 crímenes en contra de mujeres, en 2018 fueron 238; en 2019 llegaron a 292, en 2020, 276 y hasta el 4 de julio de este año van 143.

Exigen datos verdaderos

Santoyo Ramos aseguró que en tanto no exista una política pública que atraviese todos los niveles de gobierno y haya un verdadero compromiso político para erradicar la violencia contra las mujeres, todo seguirá quedando en procesos de simulación para atender la problemática de violencia feminicida.

Los participantes coincidieron en que mientras no se reconozca que existe violencia contra las mujeres, no habrá una verdadera democracia de calidad.

Elvia Arzate, directora ejecutiva de Controla Tu Gobierno, señaló que el propósito principal de la agrupación es impulsar el uso de las herramientas de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que ayuden a prevenir, detectar y, en su caso, sancionar los actos de corrupción que afectan en mayor proporción a las mujeres.