En respuesta a diversas resoluciones aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación imputándole responsabilidades al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la Presidencia de la República intensificó sus litigios ante la Sala Superior del órgano judicial refutando los actos.

Libertad del Ejecutivo

En la reciente semana, promovió cuatro medios legales para revertir las decisiones contra el mandatario y la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia. Los actos impugnados se centran en pronunciamientos del Presidente considerados violatorios de la veda electoral que rige ante la celebración de la consulta popular y por la prohibición a López Obrador para que pueda difundir la realización de dicho ejercicio de democracia directa.

El primer recurso fue para rebatir la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que determinó que, en la conferencia del lunes 19 de julio, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, presentó adecuaciones al programa de adultos mayores para incorporar a quienes tienen entre 65 y 68 años, prohibido en este periodo, por difundir un programa social.

Otra acción legal se dirige a objetar la sanción de la Sala Especializada del TEPJF relacionada con la conferencia de prensa matutina del 23 de diciembre, en la cual López Obrador descalificó a los partidos de oposición que entonces impulsaban la conformación de una alianza opositora. En consideración de los magistrados, eso pretendía posicionar a Morena.