A través de redes sociales, diversos colectivos de derechos humanos demandaron la liberación de Kenia Hernández, una activista que enfrenta ocho causas penales (por robo y ataques a las vías de comunicación) por realizar protestas de diversas causas en el estado de México y Puebla. En consideración de los participantes a la marcha virtual, Hernández está siendo víctima de la criminalización de la protesta por parte de las fiscalías general de la República y del estado de México.

Denunciaron que a través de movilizaciones han demandado su libertad y aunque han logrado algunos acercamientos, tanto en la FGR como en la Secretaría de Gobernación ha habido una inflexibilidad en revisar su condición, por lo que ya ha recorrido dos penales estatales y uno federal. Alertaron que la FGR ha condicionado la revisión a que Hernández asuma la decisión de enfrentar un juicio abreviado, pero ello implica asumir que sus actividades de protesta constituyeron un delito.

En su oportunidad, Fabiola Vite criticó los excesos que ha enfrentado Hernández en los juzgados por su condición de indígena amuzga. Aseveró que desde diversos colectivos se continuarán las movilizaciones en demanda de su liberación, porque se trata de una batalla contra una prisión injusta como la han enfrentado otras activistas que también han sido detenidas.

Vite criticó que la FGR quiera obligar a Hernández a asumir el juicio, pues es una forma de presión injusta que agudiza los excesos por su condición de mujer, de indígena y su condición de pobreza. Está claro que la determinación de la FGR es mantenerla presa como un ejemplo de que no se aceptarán las protestas, pero en el fondo quieren justificar lo injustificable al obligarla a asumirse como culpable para enfrentar un juicio abreviado.