El Gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo para garantizar la seguridad de las personas y promover la participación ciudadana en la consulta para enjuiciar a los ex presidentes el próximo domingo.

Al afirmar que no se tienen detectados focos rojos por riesgo de violencia, el secretario de Gobierno, Martí Batres, firmó un convenio a petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer un operativo similar al que se ejecuta en las jornadas electorales, que consta principalmente de apoyo vial, resguardo de mesas de receptoras de votación, traslado de paquetes electorales y vigilancia durante el ejercicio.

También habrá concesión temporal y gratuita para distribuir material de difusión, préstamo y uso de inmuebles para la instalación de las mesas receptoras y desazolve en áreas aledañas a las juntas ejecutivas para prevenir riesgos en caso de lluvia.

Batres explicó que para las autoridades es importante generar las bases a fin de que la participación de las personas se realice de manera segura en lo que será la primera consulta organizada por el órgano electoral y para la cual se desplegarán 743 observadores.

Es importante que haya participación, la mayor participación posible y aquí el Gobierno de la Ciudad va a contribuir aportando los elementos materiales que le corresponden en un proceso como éste.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se mantendrá pendiente para evitar cualquier situación de riesgo y brindar el apoyo que se requiera.

No se prevé nada extraordinario, pues es un tema donde no habrá representación de partidos, pero estamos preparados para atender cualquier situación irregular que se presente, indicaron fuentes consultadas de la dependencia, las cuales coincidieron en que no hay alerta de violencia.

Las coordinaciones territoriales atenderán cualquier emergencia que se presente en las 4 mil 810 mesas receptoras que se instalarán, entre casillas básicas y contiguas.

Consideraron que será una jornada tranquila donde se espera que los ciudadanos muestren su aprobación o rechazo a que se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, que es la pregunta aprobada por el INE.

El secretario de Gobierno destacó que el ejercicio es de gran relevancia porque significa una nueva etapa en el país para que las personas puedan ser parte de la toma de decisiones del Estado. Agregó que a través de la democracia participativa la gente puede expresar su opinión mediante las figuras de la consulta popular y revocación de mandato.

Para que sean vinculantes es necesaria la participación de al menos 40 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, más de 37.4 millones de mexicanos; en el caso de la revocación de mandato, que se realizará en 2022, procederá sólo si más de la mitad respalda la decisión de concluir el gobierno del Presidente de México.