l jueves pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones a fin de desahogar, entre otros asuntos, las ratificaciones de los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público y de Roberto Salcedo al frente de la Secretaría de la Función Pública, así como la prórroga de 30 días a la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing. Sin embargo, lo más notorio de la convocatoria fue que se excluyó de la agenda legislativa la votación del desafuero de los diputados Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, y Saúl Huerta, sin partido desde que Morena lo expulsó de sus filas.
Sin mencionar nombres, la senadora morenista Mónica Fernández sostuvo que algunos legisladores amenazaron con impedir la realización del periodo extraordinario si se incluía en el orden de sesiones el desafuero de sus colegas, por lo que los integrantes de su bancada tuvieron que ceder a los chantajes
para avanzar en temas urgentes, como la subcontratación.
Lo cierto es que el retiro del procedimiento contra Toledo y Huerta de las discusiones parlamentarias que iniciaron ayer es sólo el más reciente de una serie de actos que bien pueden calificarse de obstrucción de la justicia. Las argucias de las que algunos legisladores se han valido –a fin de evitar que el dictamen de desafuero llegue al Pleno de la Cámara baja– resultan vergonzosas en razón de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ellos y de los contundentes indicios de culpabilidad existentes en ambos casos.
Debe recordarse que Huerta Corona está acusado por la violación de un menor de 15 años, quien denunció que el político poblano lo drogó para abusar de él. Por su parte, Toledo Gutiérrez es señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de enriquecimiento ilícito, pues se ha encontrado que el ex alcalde de Coyoacán realizó operaciones inmobiliarias por montos que exceden claramente sus ingresos como servidor público. Además de los cargos por los que ya es investigado, el hoy petista y ex militante del PRD tiene un negro historial de delincuencia electoral y violencia porril, de la que hizo víctima al reportero de La Jornada Ángel Bolaños, agredido cuando golpeadores identificados como gente cercana al diputado reventaron un acto de precampaña de la ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Por el bien de la vida pública, de la transparencia, y en apego a su deber de velar por el cumplimiento de las leyes, cabe esperar que los miembros del Congreso depongan toda complicidad con los acusados, tramiten sin más dilación su desafuero y dejen en manos de las instancias de procuración de justicia el proceso contra estos personajes cuya impunidad mancha al conjunto de las instituciones.
