En 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no demostró que los egresados del nivel superior, cuyo ejercicio profesional requiere certeza jurídica, obtuvieran de forma eficiente y eficaz su cédula profesional, refirió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la ASF encontró que si bien hay avances en el proceso de expedición de cédulas profesionales electrónicas, la legislación que rige la emisión data de hace 75 años y comentó que, si no se fortalecen los mecanismos implementados, se pone en riesgo la capacidad de la SEP para que los profesionistas cuenten, de manera oportuna, con un registro para ejercer su título en un marco de legalidad y certeza jurídica.

La SEP acreditó que en 2020 emitió 305 mil 333 cédulas electrónicas de nivel superior, de las que 282 mil 523, 92.5 por ciento, se hicieron mediante un procedimiento en línea, y 22 mil 810, equivalentes a 7.5 por ciento, en procesos presenciales, híbridos o a distancia.

De acuerdo con la ASF, Educación, sin embargo, no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos de registro de los títulos electrónicos, por lo que no dispuso de parámetros para evaluar su oportunidad.

La SEP tampoco probó la implementación de mecanismos de coordinación con las entidades federativas para uniformar las normas del proceso.

La ASF observó que el marco normativo en la materia no fue congruente, pertinente ni actualizado, por ello, la Auditoría sugirió a la Cámara de Diputados analizar las circunstancia para avalar una Ley General de Profesiones que actualice las disposiciones vigentes, emitidas en 1945.

También recomendó que ordene a las instancias competentes realizar las reformas a su reglamento con el fin de que la aplicación del el artículo 5 constitucional, en materia de ejercicio profesional, tenga un enfoque integral y procure la concurrencia de las entidades federativas en la unificación de las bases para el registro de cédulas.