ferrados y chantajistas, los llamados comisionistas del gas licuado de petróleo (distribuidores que forman parte de la enorme telaraña de intereses creada en el mercado de los combustibles) por segundo día consecutivo paralizaron el suministro del energético en dos de las entidades de mayor consumo en la República (la CDMX y el estado de México) y exigen respeto a la artificial escalada de precios por ellos promovida.

Al grito de el problema se resuelve como nosotros queremos o no se resuelve, los comisionistas no sólo paralizaron la distribución del carburante, sino que bloquearon las plantas y se dedicaron a destrozar instalaciones de empresas del ramo, cuyos representantes aseguran que nada tienen nada que ver en esta situación. “Las asociaciones Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y de Distribuidores de Gas LP se deslindaron del llamado hecho por comisionistas –los encargados de repartir el energético al usuario final– para realizar un paro de labores en el suministro del combustible a los consumidores de varias entidades del país” ( La Jornada).

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador indicó frente a la de los distribuidores y comisionistas del gas, estamos tomando las medidas en tres direcciones: garantizar el abasto, analizar los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población; y dar seguridad (vía Guardia Nacional) a quienes aseguran que no pueden salir a distribuir, porque les vandalizan sus pipas, sus camiones. El propósito es que no falte el gas en la ciudad ni en ningún otro lugar del país.

López Obrador señaló que fijar precios máximos al gas LP “es una medida de emergencia, transitoria, hasta establecer un equilibrio, porque se fueron muy arriba y afectan la economía popular, pero a la primera –no todos, sino algunos–, responden con estas protestas, apostando a que van a doblegar al Estado. Pues no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentarlo (el ahorro ha sido de 157 mil 330 millones de pesos). No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal”.

Habrá que ver hasta dónde llegan los comisionistas, pero, más allá de lo anunciado por López Obrador, una buena medida sería aterrizar la Norma Oficial Mexicana (NOM, relativa a los sistemas para medición y despacho de gas LP (para contar con una herramienta que promueva la certidumbre en la medición y por tanto la protección del consumidor en sus transacciones comerciales) que desde abril pasado se cocina (a fuego muy lento, por lo visto) en la Secretaría de Economía y que al parecer no tiene para cuándo salir del horno, aunque su entrada en vigor se previó para finales del presente mes.

En el proyecto de la citada NOM se subraya que su entrada en vigor “permitirá combatir la corrupción, mayor transparencia para el ciudadano, piso parejo para todos, además del combate a la delincuencia organizada ( huachicoleo), pues los sistemas de medición estarán ligados al número de permiso emitido por la CRE, sin el cual no se podrán comercializar los sistemas de medición, por lo cual el comercio informal no tendrá cabida. La verificación y vigilancia de esta norma será obligatoria para todos los comercializadores y distribuidores de gas LP en el territorio nacional”.

Pretende, también, implementar soluciones que disminuyan alteraciones en el despacho de gas LP, pues se regula a toda la cadena de suministro y se incluyen todos los tipos de tecnologías existentes en el mercado para la medición y despacho de este bien. Además, transparencia hacia el consumidor, pues el sistema de medición debe mostrar, en todo momento, la cantidad y monto suministrado.

Entonces, ¿dónde quedó la NOM?

Las rebanadas del pastel

Así o más claro: en la huelga de Notimex, la cual pretenden hacerla infinita, hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo que tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto; al interior del gobierno hay posturas distintas, unos a favor y otros en contra. Como yo me doy cuenta y los fildeo a todos, estoy enterado bien (López Obrador dixit). Y en este sucio merengue cuando menos participan Luisa María Alcalde (Trabajo), Olga Sánchez Cordero (Gobernación), Alejandro Gertz Manero (FGR), Francisco Hernández Juárez (sindicato de telefonistas) y el papá de la niña, ajonjolí de todos los moles del sector laboral, del que se cree dueño.

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