Conectar a Internet a todo México en 2022, como afirmara el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, se enfrenta con la realidad financiera y de operación en las empresas que tienen estas tareas a su cargo. Altán Redes, la empresa que opera la Red Compartida en el país, entró en concurso mercantil; entre los recursos que están en vilo se encuentran pensiones de ciudadanos mexicanos y canadienses, sin que alguna estructura del gobierno federal explique al respecto.

De inicio, no hay información financiera congruente sobre la inversión en La Red Compartida. De acuerdo con el Informe Trimestral que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al segundo trimestre de 2021 esa asociación público privada lleva erogado en años anteriores una inversión de más de 11 mil 314 millones de pesos, casi la mitad de los 22 mil millones que reporta Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) en la Evaluación Compartida de 2020.

En cuatro ocasiones se consultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al mismo Promtel –la parte pública de la APP cuyo operador ahora está en concurso mercantil– sobre las diferencias entre la información financiera del proyecto, que ahora se blinda de acreedores frente a un tribunal, también se consultó en una ocasión a la Secretaría de Hacienda. Cuatro personas distintas de comunicación social de la estructura federal no informaron al respecto.

La Red Compartida es una asociación público privada donde inversiones, construcción y operación corren a cargo de Altán Redes; mientras por parte del Estado, Promtel arrienda el espectro radioeléctrico para brindar servicios con tecnología 4.5 G y Telecomunicaciones de México aporta un par de hilos de fibra óptica.

El proyecto armado en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya había logrado modificar su concesión hace dos años. Su despliegue en enero de 2024 debe permitir el acceso a internet a 92.2 por ciento de la población, y en enero de 2022, además de llegar a 70 por ciento de la población, debe dar servicio a 82 mil 119 localidades de menos de 250 habitantes y 10 mil 592 localidades con más de 250 habitantes, pero menos de 5 mil.

Mientras el gobierno federal no se ha pronunciado sobre el proyecto en vilo financiero, parte de las pensiones de mexicanos y canadienses se encuentran en él.

Entre los accionistas de Altán Redes se encuentran Marapendi Holding B.V. un fondo administrado por Morgan Stanley; el International Finance Corporation (IFC) del Grupo Banco Mundial; el Fondo China México (CMF, por sus siglas en inglés); Controladora Veta Grande, SA de CV; Grupo Multitel, Megacable y Axtel.

A estas empresas se suman CKD Infraestructura México, donde hay algunos inversionistas como Afore XXI Banorte, Afore Sura, Afore Banamex, Pensionissste y Fonadin, según destaca la misma Altán; y también reporta que recibe del Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), uno de los mayores administradores de fondos de pensiones del mundo.