Madrid. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, la organización no gubernamental de la Iglesia católica Manos Unidas denuncia la violencia de mil caras a la que se enfrentan los pueblos indígenas de América Latina y que ha aumentado en la pandemia de la Covid-19.

Socios de la organización señalan el abandono institucional y la criminalización que sufren los indígenas, así como la violencia que padecen por la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio y el narcotráfico.

Advierten que la pandemia ha agravado y hecho más visibles las desigualdades que soporta la población indígena, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza, según datos de Naciones Unidas.

Actualmente, hay 476 millones de indígenas en el mundo –6.2 por ciento de la población global– y sufren mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su propio desarrollo, precisa.

En 2020, cita la ONG a Front Line Deffenders, en América Latina hubo 264 asesinatos de defensores de derechos, 40 por ciento relacionados con la defensa de los territorios y los derechos de los pue-blos originarios.

En los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado a más de medio millón de integrantes de pueblos indígenas de todo el mundo mediante 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros.

La responsable de proyectos en México y Perú, Mariana Ugarte, ha explicado que reciben, constantemente, alertas de las organizaciones con las que trabajan.

Enfrentan una violencia de mil caras: primero, la estructural, con el abandono institucional y la negación de sus derechos, y, por otro, una violencia directa que va desde campañas de difamación y amenazas, intimidación policial y hostigamientos, pasando por detenciones y encarcelamientos sin pruebas hasta llegar a agresiones, desalojo de comunidades, violencia sexual, secuestros y asesinatos de líderes indígenas, afirmó Ugarte.

Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas, durante la pandemia ha habido una docena de asesinatos de líderes indígenas sólo en la Amazonia peruana. El pueblo más golpeado ha sido el kakataibo, con cuatro líderes tras amenazas de narcotraficantes.

Según Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, la desprotección se ha agravado con la pandemia y se ha generado el escenario propicio para que las economías ilegales invadan los bosques y aumente la violencia.

Por otro lado, CIDSE, alianza internacional de organizaciones católicas de la que Manos Unidas forma parte, es una de las múltiples entidades que han alzado la voz en defensa de Bernardo Caal, líder indígena maya q‘eqchi’ encarcelado en Guatemala.

Caal, quien espera desde hace años poder apelar su sentencia, fue condenado por robo y retención de trabajadores de una de las hidro-eléctricas presentes en un territorio habitado por hasta 38 comunidades maya q‘eqchi’. Estas poblaciones, que necesitan del río Cahabón para su sustento, se opusieron a la construcción de siete represas hidroeléctricas en esa cuenca.

Bernardo Caal interpuso medidas cautelares contra el proyecto y, en 2017, los tribunales reconocieron que se violó el derecho a la consulta previa a las comunidades, lo que no impidió las explotaciones hidroeléctricas y tampoco fue obstáculo para que, en 2018, Caal fuera sentenciado a más de siete años de prisión por acusaciones que, según las organizaciones, carecen de pruebas objetivas.

En Paraguay, uno de los países con más desigualdad en la distribución de tierras –menos de 2.5 por ciento de la población posee más del 85 por ciento de las tierras cultivables–, Manos Unidas acompaña a indígenas y campesinos del Chaco paraguayo que ven desaparecer su hábitat ante el avance de monocultivos y tierras dedicadas a pastos ganaderos con enormes inversiones por parte del gobierno.