Al participar en las jornadas de Discusión sobre la Desaparición Forzada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la crisis de desaparición de personas que enfrenta México afecta a 90 mil 600 personas. Se trata de un problema que se detonó como consecuencia de una política fallida que dejó de lado la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza en México. La verdad y la justicia son fundamentales para las víctimas de este delito, dijo.

Como parte de estas jornadas organizadas por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Adriana Ortega, proyectista de la reciente sentencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte, dijo que, al resolver un amparo, se determinó la obligación de las autoridades mexicanas de desplegar acciones urgentes de búsqueda que se desprendan de los tratados internacionales firmados por México en la materia, como las instruidas por el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones.

Subrayó que la relevancia de la primera sentencia en este renglón, la relacionada con la desaparición de Víctor Álvarez, en Veracruz, es que se prioriza y se hace obligatorio para las autoridades el derecho a la búsqueda, como exigen los familiares de las personas en esa condición. Se estipula el derecho de las familias a denunciar la negligencia, descuido o indiferencia de la autoridad.

Para Yolanda Morán –quien aún busca a su hijo–, si bien se ha modificado el desdén de pasadas administraciones y se han iniciado algunas acciones, han sido insuficientes. Admitió que el gobierno actual, a insistencia de los familiares de desaparecidos, reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en 2019 y anunció que convocaría a México, pero desde entonces no se ha concretado nada, porque, deploró, se quiere una visita acotada para dicho comité.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas, destacó la importancia de la resolución de la SCJN, pero justificó la necesidad de promover los casos de desaparición ante instancias internacionales. En este contexto, manifestó que a lo largo de los años el Estado mexicano ha negado las desapariciones a pesar de que, como en Coahuila, se desataron muchos casos, en los que estaban involucradas instancias militares.